Budapest, 8 oct (EFE).- El Gobierno húngaro ha asegurado que no tenía conocimiento ni participó en el préstamo de 9,2 millones de euros del banco húngaro MBH con el que el Vox financió sus campañas electorales del año pasado.
“La decisión sobre un eventual préstamo a España por parte de un banco comercial sólo pudo haberse tomado como un asunto comercial, en el que el Gobierno húngaro no ha jugado ningún papel ni tiene información sobre el mismo”, afirmó János Fónagy, secretario de Estado de Economía Nacional.
Fónagy respondió así a la pregunta parlamentaria planteada por el partido socialdemócrata Coalición Democrática al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, sobre “qué papel ha jugado en que un partido español radical (Vox) pudiera recibir un préstamo de un banco húngaro”.
La respuesta de Fónagy ha sido publicada en la página del Parlamento.
Vox reconoció a finales de septiembre que financió sus campañas para las elecciones generales y municipales del año pasado con dos créditos por un importe total de 9,2 millones de euros, concedidos por el Magyar Bankholding (MBH), la segunda entidad financiera de Hungría.
El MBH es un banco que cotiza en la Bolsa de Budapest y que está participado en el 30,5 % por el Estado húngaro, según información de la propia entidad.
Medios independientes, como Hvg.hu, aseguran que otro 50 % del banco es propiedad de accionistas y empresas del círculo del magnate Lörinc Mészáros, amigo muy cercano de Orbán.
En 2022, el MKB Bank (uno de los que fusionaron para crear el MHB) apoyó a la populista de derechas francesa Marine Le Pen con un préstamo de 10,7 millones de euros.
Tanto Vox como el partido de Le Pen, la Agrupación Nacional, se han unido en el Parlamento Europeo a ‘Patriotas por Europa’, el nuevo grupo promovido por Orbán.
El Gobierno de Orbán critica y condena severamente todo tipo de injerencia en los asuntos internos del país y especialmente en las campañas electorales.
En Hungría está prohibido que partidos políticos sean financiados desde el extranjero, algo que el Gobierno considera como un asunto de seguridad nacional. EFE
