Las elecciones presidenciales en Venezuela se acercan, mientras la oposición intenta esquivar los obstáculos que va plantando el régimen chavista para tratar de evitar la derrota categórica que todas las encuestas anticipan que sufriría en comicios transparentes y democráticos. El 28 de julio, los venezolanos acudirán a las urnas para decidir si Nicolás Maduro sigue gobernando después de una década o se abre paso a una transición democrática en el país.
Desde un primer momento, la pista estuvo inclinada: el régimen se niega a dejar el Palacio Miraflores ante una oposición organizada y unida por primera vez, decidida a participar y derrotarlo en las urnas.
A la ganadora indiscutida de la primaria opositora, María Corina Machado, la Justicia chavista la mantiene proscripta. Cuando se intentó postular entonces a una candidata alternativa, la prestigiosa académica Corina Yoris que contaba con aval de todos los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el Consejo Nacional Electoral también la impidió. Finalmente, el diplomático de perfil bajo, Edmundo González Urrutia, logró su inscripción a último momento y agrupó el respaldo de la PUD este 21 de abril, para sorpresa de propios y extraños. Hasta el momento, parece que podría enfrentar a Maduro en las elecciones, aunque nadie confía en que se hayan acabado las maniobras saboteadoras del régimen.
La Justicia venezolana tiene en su poder una denuncia impuesta por el ex candidato Luis Ratti que busca la impugnación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el partido que inscribió a González Urrutia. Según el político, su objeción surge de una sentencia previa del Tribunal Supremo que, en enero de 2018, ya había ordenado al Consejo Nacional Electoral que excluyera al partido del proceso de legitimación por tratarse de una agrupación de diversas organizaciones ya renovadas y otras pendientes de renovación. En otras palabras, lo acusan de militancia múltiple.
“Presentan una tarjeta que no es un partido, sino tres. Esto no es doble militancia, sino triple militancia” y representa una “desigualdad de condiciones”, declaró Ratti.
Sobre la base de esta solicitud, la Sala Electoral del TSJ deberá ahora reunirse y evaluar la situación, pudiendo acabar una vez más en la anulación de la propuesta de la oposición, esta vez no por el candidato en sí sino por el partido que lo acompaña.
De ocurrir esto, explicó el periodista venezolano dedicado a la fuente electoral y director de votoscopio.com Eugenio Martínez, lo esperable sería que Un Nuevo Tiempo (UNT) y el Movimiento Por Venezuela (MPV) -otras dos fuerzas que integran la PUD- intentaran postular a González Urrutia, dejando de lado a su primer candidato, Manuel Rosales.
Dicha acción está contemplada en los artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que menciona que “las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”. En caso de que se trate de un “postulado sustituto que no sea un candidato previamente admitido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento”.
El problema es que el régimen ya adelantó que no admitirá sustituciones por aspirantes que no hayan sido previamente admitidos por el Consejo Nacional Electoral, por lo que podría bloquear a González Urrutia.
Si bien este escenario parece poco probable dado que, tras denuncias iniciales, tanto UNT como MPV lograron adherirse a la candidatura del opositor, Maduro ha demostrado ser un experto en maniobras de sabotaje.
Así, si el anterior fuese el escenario, entonces la PUD tendría que debatir nuevas opciones, entre las que se encuentra volver un casillero atrás y retomar la postulación de Rosales, que bajó su candidatura para apoyar la de González Urrutia. En caso de que esta baja no se haya procesado, entonces podrían continuar con ella.
En cambio, si ya se hubiera confirmado su renuncia, otra alternativa sería apoyar a Enrique Márquez, el ex rector del CNE que se sumó a la carrera presidencial por fuera del consenso de la coalición antichavista.
En la oposición, los temores no terminan en que pueda llegar su candidato de consenso a las elecciones del 28 de julio sino que se mantiene en alerta a que la campaña y el día de los comicios se realicen con garantías de ecuanimidad y transparencia en la competencia electoral.
La PUD alertó en reiteradas ocasiones que el régimen está incumpliendo lo suscrito en el Acuerdo de Barbados no sólo porque impidió las candidaturas de Machado y Yoris sino porque allanó sus oficinas y arrestó a una decena de colaboradores cercanos a Machado. También porque se impidió el registro de la mayoría de los miles de venezolanos exiliados que intentaron registrarse parta votar en los consulados.
“Se trata de visibilizar y solicitar el apoyo de los factores democráticos de todos los países para que se cumpla el Acuerdo de Barbados que estipula unas elecciones libres y transparentes con la participación del candidato de la oposición”, reiteró la portavoz de Machado, Corina Gatti.
En ese sentido, Estados Unidos acompañó el pedido y anunció la restitución de las sanciones a la comercialización de gas y petróleo que pesaban sobre el régimen tras constatar, en los últimos seis meses, que no se habían respetado los compromisos asumidos sobre el proceso electoral.
Hacia adelante, uno de los principales reclamos opositores es la presencia de observadores internacionales, que garanticen la transparencia de los comicios. Esta semana, el CNE recibió al equipo técnico de la ONU, acompañado de representantes de la Unión Europea y del Centro Carter pero aún no ha confirmado su habilitación para la observación electoral.
Por último, la oposición exigió el fin de la “campaña de desinformación y mentiras” iniciada por el régimen para “confundir” a los ciudadanos.
