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Abogado de Alberto Fujimori asume defensa legal de Enma Benavides en denuncia por liberación de narcotraficantes a cambio de coimas

La jueza Enma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación.
La jueza Enma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación.

Elio Riera, experto en derecho penal y abogado del expresidente Alberto Fujimori, anunció que asumirá la defensa legal de la exjueza Enma Benavides, quien enfrenta acusaciones por el presunto delito de cohecho. Como se sabe, a la hermana de Patricia Benavides se le acusa de haber liberado narcotraficantes a cambio de coimas. Para ello, la habría ayudado la exfiscal de la Nación.

Para Riera, la investigación penal contra Enma Benavides es “desproporcional” y carece de una prueba contundente.

“Asumiré la defensa legal de la Dra. Enma Benavides. El proceso de investigación seguido en su contra, resulta completamente desproporcional. No existe elemento de convicción que pueda generar el más mínimo indicio de responsabilidad”, publicó en su cuenta de X.

Cabe resaltar que lo último que se supo de Enma Benavides es que fue destituida como jueza por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El fallo emitido establece que, tanto Enma Benavides como Patricia Benavides, serán registradas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), un inventario detallado y actualizado de las sanciones disciplinarias impuestas a los servidores públicos, como destituciones y suspensiones, administrado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

El órgano judicial máximo también ordenó la anulación de los títulos otorgados y dispuso la inscripción de la medida de destitución en sus registros personales. Además, se determinó enviar el oficio al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Arévalo, y al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Patricia Benavides - Enma Benavides
Patricia Benavides y Enma Benavides en fotografías de archivo. Foto: IDL – Reporteros

Una semana antes de que tomen esta decisión, la JNJ optó por cesar a Patricia Benavides, quien ya estaba temporalmente suspendida, por interferir en una investigación contra su hermana al destituir a la fiscal que lideraba esa pesquisa, Bersabeth Revilla, utilizando un informe de baja productividad como justificación.

Esta decisión fue tomada tras la presentación de la ponencia de la miembro titular, María Zavala, sobre el procedimiento disciplinario ordinario seguido contra la magistrada, donde se demostró que cometió cuatro faltas muy graves en su representación de la institución.

Zavala señaló que Revilla tenía informes de productividad del 90%, lo cual mostraba inconsistencias con el informe elaborado por la fiscal suprema Azucena Solari, quien también fue destituida por no actuar con independencia y cometer faltas graves según la ley de carrera del Ministerio Público.

La JNJ concluyó que la destitución de Revilla tuvo como objetivo conseguir el sobreseimiento de la investigación contra Enma Benavides, acusada de recibir sobornos a cambio de liberar a imputados por narcotráfico, y cesada por interferir gravemente en las funciones de la Fiscalía y por mentir sobre sus antecedentes y sanciones.

La resolución que oficializa sus destituciones lleva las firmas de Antonio De La Haza, Imelda Tumialán, María Zavala, Marco Falconí y Guillermo Thornberry. Sin embargo, los dos últimos integrantes del organismo discreparon sobre la sanción contra Enma Benavides, opinando que debía imponerse una de menor rango a cargo de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

Abogado Elio Riera defiende a Alberto Fujimori

El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, afirmó que su cliente aún tiene la posibilidad de postularse nuevamente a la presidencia, a pesar de su condena a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

Según Riera, el hecho de que Fujimori esté enfrentando un proceso penal por el caso Pativilca no le impide postularse nuevamente para el cargo presidencial en el Perú.

Además, esto no le prohibiría solicitar una pensión, un paso que ya ha sido iniciado a través de sus representantes legales ante la Oficialía Mayor del Congreso.

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