En una rueda de prensa llevada a cabo el 17 de mayo de 2024 desde su finca en Llanogrande, Antioquia, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se presentó ante los medios para abordar las acusaciones que pesan en su contra.
Con postura que caracteriza los momentos críticos de su carrera política, Uribe se enfrentó a las cámaras y a un país expectante, reiterando su posición frente a lo que él denomina un “montaje” y criticando abiertamente a sus adversarios políticos.
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“A la ciudadanía, antes de empezar el juicio: parece que las garantías no se aplican para mí, negaron a mis abogados la existencia del proceso. Sin embargo en Bogotá decían a periodistas y políticos que tenían todo listo para encarcelar. Era la campaña electoral de 2018, le comunicaron el proceso llamándome a indagatoria, no me permitieron versión libre (…) me negaron la presunción de inocencia, el derecho a defenderme en libertad, si no conocían o no creían en mis antecedentes de persona de bien, por lo menos debieron observar mi comportamiento durante esos 25 meses: no he sido peligro para la sociedad”, dijo el expresidente.
Más adelante en su relató indicó que “el magistrado Linares violó el reglamento de la Corte Constitucional y filtró la ponencia a un periodista. También le permitió transmitir la audiencia de discusión, razón por la cual la suspendieron unos minutos, y admitió en una emisora que durante el trámite recibió una llamada de Santos, quien lo había nominado para ser magistrado”.
La audiencia de acusación, que marca el inicio de un juicio que podría tener consecuencias históricas para Colombia, se centra en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
La Fiscalía, tras seis años de investigación desde que la Corte Suprema de Justicia abriera una indagación, presentó las pruebas que sostienen la acusación. Uribe, por su parte, se mantiene firme en su defensa, alegando que las pruebas en su contra son parte de una estrategia orquestada por sus enemigos políticos para desacreditarlo.
Uribe hizo especial énfasis en su relación con el senador Iván Cepeda, a quien acusa de ser el artífice de las acusaciones. Según Uribe, Cepeda ha utilizado su cercanía con las Farc y su discurso de paz como fachada para promover una agenda política que lo incluye a él como objetivo de acusaciones de paramilitarismo. Estas declaraciones han añadido más leña al fuego en un ya polarizado ambiente político colombiano.
Las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía sugieren que Uribe coordinó acciones para obtener declaraciones que favorecieran tanto a él como a su hermano en relación con acusaciones de vínculos con grupos paramilitares.
El testimonio clave proviene del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien afirma haber sido contactado para retractarse de sus declaraciones contra los hermanos Uribe.
La gravedad de la situación no se limita a la esfera política; las posibles consecuencias legales para Uribe son severas. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta ocho años de prisión por el delito de fraude procesal y hasta doce años por el delito de soborno a testigos. Estas cifras no solo representan un potencial cambio de vida para el expresidente sino también un precedente en la justicia colombiana.
La defensa de Uribe se centra en la deslegitimación de los testimonios y pruebas presentadas, argumentando inconsistencias y motivaciones políticas detrás de los mismos. Además, ha hecho un llamado a la opinión pública para que se mantenga crítica y cuestionadora frente a lo que considera una persecución judicial.
Además de la rueda de prensa, Uribe también compartió cuatro documentos que recogen todas las ideas expuestas en su anuncio. Allí él indica que: “Me pusieron preso el 4 de agosto de 2020. Veinticinco meses después de llamarme a indagatoria y once meses después de haberla realizado”.
Añadió que el entonces magistrado Barceló, en “violación de los principios de la Majestad de la Justicia (…) llamó a un programa radial a decir que me tenían agarrado”.
El también expresidente aseguró que fue ilegalmente interceptado durante 32 días. “Desde la Corte Suprema ordenaron interceptar el teléfono del representante Nilton Córdoba, pero pasaron mi número. Cuando les avisaron del error contestaron que siguieran oyéndome. Cuando me desconectaron, para enmendar el error, ya habían transcurrido 32 días. Dada la intensidad de mis comunicaciones por la campaña que se adelantaba, fui víctima de más de veinte mil interceptaciones”.
Aseguró que con esa interceptación le fue violada su intimidad y “el principio universal del respeto a las comunicaciones abogado-cliente. El abogado Cadena adelantaba tareas investigativas de corroboración, así se oye claramente en las interceptaciones. Estuvo conmigo en la Fiscalía para hablar de unos presos que querían declarar sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y de una trama contra mi hermano. A propósito, declaraciones que no se recibieron. Para justificar la violación de las comunicaciones dijeron que el abogado Cadena era clandestino. Pero también violaron mis comunicaciones con Lombana”.
