El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta uno de sus mayores desafíos tras el destape de un escándalo de corrupción relacionado con la compra de carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según se ha revelado.
En este entramado, inicialmente el foco se centró en Olmedo López, exdirector de la Ungrd, acusado de supuestos favorecimientos y sobrecostos en la operación. Sin embargo, la situación escaló rápidamente y ha salpicado a altos funcionarios, congresistas, y personalidades cercanas al Ejecutivo, poniendo en jaque la credibilidad de la administración Petro.
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Entre los nombres más prominentes implicados en el escándalo se encuentran los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara, Andrés Calle (Partido Liberal). Según testimonios del exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, supuestamente se entregaron sumas millonarias a ambos congresistas para asegurar el trámite de las reformas sociales del Gobierno.
Pinilla afirmó que a Name se le habrían entregado 3.000 millones de pesos, y a Calle otros 1.000 millones, aunque las declaraciones han sido negadas por ambos congresistas, alegando su inocencia y destacando sus largas trayectorias en la vida pública como defensa de su honorabilidad.
La situación también ha tenido consecuencias directas en el Ejecutivo. Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y mencionada como partícipe en la supuesta entrega de dinero, negó las acusaciones y anunció medidas legales para defender su honra, pero finalmente fue separada de su cargo por el presidente. Del mismo modo, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, quien había presentado denuncias contra López, fue destituido después de que este último lo acusara de tráfico de influencias.
Este escándalo no solo ha desatado una tormenta política, sino que también ha amenazado con desestabilizar las ya frágiles mayorías necesarias para las reformas clave del Gobierno, entre ellas, la pensional y la de salud.
Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, se encuentra ahora en la mira, acusado por López de tener “muchas cosas por aclarar”. Velasco ha desestimado estas acusaciones y ha denunciado a los que lo señalan sin pruebas, defendiendo su posición y el proceso de las reformas.
En medio de este caos, el presidente Petro ha anunciado cambios significativos en su gabinete, apuntando a un fortalecimiento de su círculo cercano con figuras más alineadas con sus principios, los llamados “pura sangre”.
El anuncio del presidente dio espacio para especularse sobre un posible revolcón ministerial, a pesar de que el Gobierno había aplazado cambios previos para no mostrar debilidad, según reveló El Espectador. Y es que Petro ha sido enfático en su política de “cero tolerancia” frente a la corrupción, reiterando que cualquier funcionario implicado sería removido de su cargo.
El escándalo de los carrotanques, junto con el caso de la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, ha posicionado al Gobierno de Petro al borde de un abismo político y social. Los próximos pasos del presidente y su capacidad para manejar estos desafíos no solo determinarán el futuro de su administración sino también la viabilidad de sus propuestas de reforma ante un Congreso cada vez más escéptico.
“En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, trinó el presidente, reafirmando su postura frente a los hechos de corrupción. Mientras tanto, el país espera con ansias claridad y justicia en estos casos, que amenazan con socavar la confianza en la primera administración de izquierda de Colombia.
Entretanto, los implicados y sus representantes legales, así como los partidos políticos a los que pertenecen, han iniciado investigaciones y han prometido acciones legales para defender su inocencia y esclarecer los hechos.
