Santa Cruz de Tenerife, 17 ago (EFE).- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado vía libre a que la Fiscalía Europea tenga acceso a los ordenadores del exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS) Conrado Domínguez y de la exdirectora de Recursos Económicos Ana María Pérez, investigados en el caso Mascarillas.
Esta causa hace referencia a la entrega por parte del Gobierno canario de 4 millones de euros para adquirir un millón de cubrebocas que nunca habrían sido entregados, ya que no eran los adecuados.
En su momento, el Ministerio público europeo en España pidió permiso para acceder a los sistemas informáticos, incluidos servidores y nube o repositorios telemáticos de datos en la sede del ejecutivo autónomo ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.
La solicitud de permiso abarcaba toda la información digital, tales como correos electrónicos o archivos, referidos a los dos exaltos cargos que están investigados en esta causa.
Pero también incluía a toda aquella persona relacionada con las contracciones entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y las empresas Damco Trading Services y Tanoja Services para el suministro de material sanitario durante la emergencia Covid-19.
La Fiscalía quería obtener el acceso y copiado de esta información y autorización para, en caso de ser necesario, usar las credenciales de autenticación de los principales investigados, a fin de conocer y descargar la información requerida.
La defensa de otro de los investigados en la causa cuestiona la competencia de la Fiscalía Europea al entender que no quedaron afectados intereses económicos de la Unión Europea (UE), tal y como se recoge en el reglamento de cooperación reforzada para la creación de este Ministerio Público.
En un auto, la Audiencia apela a una falta de legitimación del apelante para impugnar un decreto de solicitud de diligencias de investigación sobre una posible malversación de caudales públicos que podía haber afectado fondos europeos que, en su caso, involucraría a otros investigados.
La Audiencia Nacional considera que no es “el cauce, ni el momento procesal para argumentar sobre la naturaleza de los fondos económicos destinados a los contratos investigados ni para cuestionar la denuncia origen del procedimiento”.
El auto mantiene que la defensa aprovecha la solicitud por la Fiscalía Europea de autorización de determinadas diligencias de investigación para argumentar sobre el propio proceso que tilda de “prospectivo y carente de base indiciaria, haciendo una descalificación del denunciante”. EFE
nra/jmor/jlg
1012088
