El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió que las tarifas de luz y de gas no tendrán aumentos por inflación a partir de julio, aunque la cartera continuará con los trabajos para definir un nuevo mecanismo de indexación mensual en las boletas. También será diferido, al igual que mayo y junio, el incremento del impuesto a los combustibles (ICL) previsto desde el próximo lunes. Así lo confirmaron a Infobae fuentes del Palacio de Hacienda.
El Gobierno no quiere poner en riesgo la desaceleración de la inflación, que podría haberse interrumpido en junio, por lo que avanzarán en la postergación de incrementos en rubros sensibles para los consumidores. Obviamente, eso implica mayor presión futura sobre los precios minoristas pero un alivio de corto plazo en el bolsillo.
En las próximas horas el Poder Ejecutivo publicará un decreto en el que diferirá el incremento del ICL pautado para el próximo lunes, al igual que sucedió en mayo y junio. Desde el primero de julio la suba del tributo redundará en un aumento de solo el 1% en los precios finales de la nafta y el gasoil, mucho menos que el 18% previsto, según pudo confirmar Infobae con fuentes oficiales.
La decisión tomada por Caputo no solo tiene que ver con garantizar el sendero de desinflación. El superávit fiscal conseguido hasta mayo y las perspectivas favorables a una sanción en el Congreso de las normas que permitirán mayor recaudación (Ley Bases y paquete fiscal) dan más aire al Palacio de Hacienda.
Las demoras en los proyectos del oficialismo o un posible fracaso legislativo serían compensadas con, entre otros ajustes, subas mayores en el ICL según se comprometió el Ministerio de Economía con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De todos modos, las petroleras –YPF, Axion, Shell y Puma– podrían trasladar a los surtidores el 2% correspondiente a la devaluación mensual del peso para no retrasarse contra los precios internacionales. El incremento final será menor al 4% mensual, al igual que en los últimos meses.
Desde que asumió Javier Milei los combustibles saltaron más del 110% promedio, por lo que se recuperó parte del congelamiento que mantuvo la gestión de Alberto Fernández. “Las empresas colaboran ahora con el Gobierno en aumentar lo menos posible porque la mejora en la estabilidad de la macro les sirve más que cualquier otra cosa”, explicó un funcionario que dialoga mucho con las refinadoras.
En cuanto a los servicios públicos de energía, el incremento postergado en julio tiene que ver con los componentes de distribución y de transporte, dos de los cuatro ítems de las facturas además del costo de la generación y los impuestos en todos sus niveles. La intención de Economía era poner en marcha un mecanismo de actualización mensual sobre las tarifas de distribuidoras y transportistas para evitar que se retrasen en términos reales.
La idea original era que esos ítems se actualizaran por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec desde mayo, pero finalmente Caputo definió no poner en marcha ese esquema y ahora trabaja en una indexación que contempla las expectativas de inflación futura, el cual sería aplicado en los próximos meses. Los funcionarios consultados por este medio no dieron precisiones sobre cómo será la indexación ni desde cuándo esperan hacerla efectiva.
En el Palacio de Hacienda saben que el recorte en subsidios que aplicó la Secretaría de Energía de Eduardo Rodríguez Chirillo en junio tendrá un impacto fuerte en las facturas en especial sobre los usuarios de ingresos medios y bajos, donde estuvo focalizada la quita. A eso se sumará un mayor consumo estacional por menores temperaturas ante el comienzo del inverno. El resultado será facturas más abultadas con subas superiores al 400% en el caso de la electricidad y del 1.000% para el gas natural.
