La recolección de las pruebas en el marco de la causa contra el ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género sufrió un revés debido a que la Justicia no podría acceder a las grabaciones de lo que ocurría en la Quinta de Olivos durante el gobierno anterior, como solicitó recientemente.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes que conocen el funcionamiento de la residencia oficial a la perfección, por problemas técnicos no existirían registros fílmicos de las actividades en ese lugar entre el 2021 y el 2023, periodo en el cual el entonces mandatario habría golpeado a quien era su pareja, Fabiola Yañez.
Ocurre que las cámaras de seguridad del predio tenían en aquel momento un almacenamiento de hasta 35 días, como máximo, por lo que se sobreescribían los archivos una vez que el sistema ya no tenía más capacidad.
Según pudo saber este medio, la cantidad de videos que se pueden guardar depende del peso de los mismos que, a su vez, viene definido por la calidad en la que se desee filmar, aunque en ningún caso superaría los 45 o 50 días de margen.
Durante la administración de Alberto Fernández, las autoridades nacionales decidieron que las tomas se hicieran con la mayor definición posible para, de esa manera, poder reconocer a las personas que entraban, salían y circulaban por la Quinta de Olivos.
Con una imagen en alta, de ser necesario, quienes están al frente de la custodia del predio pueden hacer zoom y apreciar con mayor detalle los rostros de los visitantes, mientras que si se registra en baja calidad, las caras aparecen pixeladas.
De todas formas, la poca capacidad de almacenamiento de los aparatos en cuestión es un problema para la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, que investiga la denuncia por violencia de género realizada por Fabiola Yañez.
Tal como precisó Infobae, el fiscal Ramiro González le solicitó al Gobierno que informe la nómina del personal doméstico de Olivos; los datos del personal que acompañó a la entonces Primera Dama durante un viaje a Misiones en julio de 2021; el registro de ingresos y constancias de atención médica en el predio y los videos de las cámaras de seguridad.
En el último de los requerimientos judiciales que le llegaron a la secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, se indicó que abarca todo el período presidencial de Alberto Fernández, desde que se instaló en la residencia en diciembre de 2019 hasta el mismo mes de 2023.
En principio, la actual gestión libertaria no tendría dificultades en entregar el resumen del personal que trabaja en el lugar, de los ingresos y de las atenciones médicas que se realizaron, ya que esa información consta en otros dispositivos.
En los últimos días, además de las fotos de la supuesta víctima con moretones en el ojo y en el brazo, se difundieron una serie de videos del ex jefe de Estado con la conductora de radio y actriz Tamara Pettinato en la Casa Rosada, que él mismo filmó con su teléfono.
“Siento una enorme tristeza. Toda su conducta privada, que deja de ser privada, en tanto hay filmaciones y videos en su ámbito de trabajo en la Casa Rosada, me generan una enorme angustia y tristeza porque tiene que haber una conducta de quien lleva adelante los destinos del país. Es gravísimo y es el responsable”, opinó al respecto la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, que era una de las dirigentes más cercanas al ex mandatario nacional.
