Por cuenta del material probatorio que se le presentó a un juez de garantías por parte de la Fiscalía General de la Nación, cuatro personas fueron enviadas a la cárcel tras ser acusadas de ser los presuntos integrantes de una banda delincuencial que se dedicaba a realizar ‘cambiazo’ de tarjetas de débito en cajeros automáticos.
Los principales objetivos de esta organización eran en su mayoría adultos mayores, a quienes en momentos de distracción les realizaban el cambio de sus tarjetas, las cuales eran vaciadas en un cajero cercano o en su defecto, eran utilizadas para realizar compras.
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A través de videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios, la Fiscalía pudo demostrar cómo actuaban los detenidos, “quienes aplicaban pegante al dispositivo en el que se insertan la tarjetas y lo inhabilitaban”.
Este detalle provocaba que las víctimas en principio se mostraran extrañadas ante lo que ocurría al momento de retirar el dinero, por lo que luego estos delincuentes simulando ser otro cliente se ofrecían para brindarles ayuda, pero lo que en realidad hacían era tener un pretexto para poder intercambiar los plásticos y aprenderse la clave.
Cuando el delincuente obtenía la tarjeta y la clave gracias a un momento de distracción de la víctima, se la entregaba a uno de sus cómplices para que se fuera hasta otro cajero aledaño al punto y así desocupar la cuenta o realizar compras a través de medios virtuales.
Según los casos que documento la Fiscalía, en total son 46 los hechos delictivos que se le abonan a este grupo delincuencial, y habría ocurrido entre 2022 y 2024 en Bogotá, Cali y Buga (departamento de Valle del Cauca).
Con todo esto fue que una acción mancomunada entre el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía y la Policía Nacional entre Bogotá y Cali permitió dar con las cuatro personas, entre las que se encuentra una mujer identificada como Ana María García González, quien llevaba consigo cuarenta tarjetas.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada de Delitos Informáticos les imputó a los detenidos los delitos de de obstaculización ilegítima de sistema informático y violación de datos personales. Las cuatro personas no aceptaron cargos y por tal motivo fueron enviados a prisión.
