El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, ha avanzado que la organización va a abrir un observatorio de “violencia animalista” para recopilar datos sobre agresiones ‘online’ e intentos de paralizar cacerías. Con las denuncias, la RFEC pretende abrir un “debate” y reclamar a los grupos parlamentarios en el Congreso que incluyan las agresiones a los cazadores en el artículo 510 del Código Penal, que regula los delitos de odio.
“Los datos son importantes para demostrar si existe un problema”, ha señalado en una entrevista con Europa Press, en la que ha especificado que el observatorio será un lugar en la página web de la federación donde cualquier persona podrá volcar su denuncia. La apertura de este observatorio se enmarca en la última campaña que han lanzado desde la Federación. De cara al otoño, le presentarán la situación a los distintos grupos parlamentarios para recabar su apoyo para una modificación del Código Penal.
Por otro lado, Gallardo ha subrayado la necesidad de foros de debate propiciados por el Gobierno donde ecologistas y cazadores pudieran hablar sobre la “realidad” de España desde la perspectiva ecológica, pero también desde la social y económica. “Desde la perspectiva medioambiental, tenemos poco debate sobre qué ocurre, cuál es la realidad, qué está pasando y en qué dirección debemos ir, que sería lo realmente enriquecedor confrontar opiniones”, ha defendido.
LA UE DEBERÍA TENER EN CUENTA LA “REALIDAD” DE LOS PAÍSES
De cara a los próximos años, Gallardo pone como prioridad conseguir que desde la Unión Europea (UE) se legisle teniendo en cuenta “la realidad” de los países europeos y se dé un “margen” para que los gobiernos adapten las normas europeas a las distintas identidades, geografías y climas de cada territorio. “Estamos muy de acuerdo con el bienestar animal (…), pero dentro del orden que es posible cumplir, si las normas son incumplibles, al final se genera un problema”, ha destacado.
Entre otras normas, se pueden ver afectados por las propuestas presentadas por la Comisión Europea para una modificación de las normas en materia de bienestar animal durante el transporte. De aprobarse, esta medida obligaría a transportar a los perros de rehala en compartimentos donde la temperatura oscile entre 20 y 25ºC, lo que “haría imposible su movimiento durante gran parte del año en el centro y sur peninsulares”, según ha denunciado la propia RFEC junto a otras asociaciones de cazadores.
Antes esto, Gallardo ha recordado que la montería está declarada como Bien de Interés Cultural en Andalucía y en Extremadura y que se debería legislar desde esa perspectiva, por lo que “no puede haber ni una sola norma que impida o dificulte” su normal desenvolvimiento. En este sentido, ha destacado que “hasta ahora” no ha habido ningún problema con esta disciplina y que las leyes deberían venir a “solventar problemas que se van detectando” y no ser “ocurrencias”.
Además, ha defendido que los cazadores han ido “progresando” en el bienestar animal y que “no hay una alarma social por el cuidado de los perros de caza”. “Quien probablemente mejor cuida a su perro no es el que tiene cinco galgos en un piso de treinta metros en Madrid”, ha criticado.
LA DESPOBLACIÓN, PROBLEMA DEL MUNDO RURAL
En líneas generales, el presidente de la RFEC ha incidido en que “el mundo rural tiene un problema”, la despoblación, y que el relevo generacional tiene que venir acompañado de generación de oportunidades. “Es imprescindible que haya oportunidad de vivir en determinados ámbitos y que haya oportunidad también de realizar determinadas actividades”, ha insistido.
Concretamente en lo que se refiere a la caza, ha manifestado que “obviamente la balanza de momento está desequilibrada respecto a aquellos que van dejando de cazar por edad y los que se van incorporando”, pero se ha mostrado convencido de que “en un espacio breve de tiempo va a igualarse esa balanza y que la curva es posible que empiece a cambiar” si desde la federación son capaces de trasladas que la caza es “mucho más” que abatir una pieza.
Gallardo, que acaba su mandato al frente de la Federación en noviembre, cree que la RFEC debe continuar en la senda de consolidarse como un “lobby”, no el de “los cazadores poderosos, ricos y con contactos” de los que hablan las organizaciones ecologistas, sino el de “un grupo social que puede representar a un millón de personas” en España.
