Coalición Canaria quiere que el Gobierno español apruebe en el Consejo de Ministros una Declaración General de Protección Temporal y urgente para los ciudadanos venezolanos desplazados a España que, entre otras cosas, les permita obtener de “manera inmediata” los permisos de residencia y trabajo, sin necesidad de solicitar asilo.
Así lo plantea la diputada Cristina Valido en una proposición no de ley registrada en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, con la que pretende que el Gobierno mantenga esa protección a la diáspora venezolana en España mientras “persistan los motivos sociales y económicos” que están dando lugar a su éxodo.
Esa declaración temporal que plantea CC debería recoger “un conjunto de medidas que reflejen el compromiso del Estado español con la acogida y protección de los ciudadanos venezolanos”. Además de la obtención inmediata de los permisos de trabajo y residencia, demanda que se garantice también a este colectivo “acceso a los servicios de salud, educación y asistencia social en caso de no disponer de recursos suficientes”.
SIMPLIFICAR LA BUROCRACIA
Asimismo, solicita que se simplifiquen los trámites para la prórroga de documentación, permitiendo que las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) expedidas a los desplazados beneficiarios de protección temporal sean prorrogadas, para facilitar la permanencia legal en España sin necesidad de renovar documentos frecuentemente.
Otra de sus peticiones es que se agilicen “los procesos de homologación de los títulos universitarios, la acreditación de experiencia laboral, el canje del carnet de conducir, entre otros, de modo que se facilite el acceso al empleo de los desplazados venezolanos”.
MÁS DE 60.000 SOLICITUDES EL AÑO PASADO
Valido recuerda que durante los ocho últimos años Venezuela es el país de procedencia de la mayoría de las personas que solicitan protección internacional en España. Solo en el año 2023 se formularon por personas procedentes del país venezolano más de 60.000 solicitudes, frente a las cerca de 46.000 formalizadas en el año anterior, lo que supone un incremento superior al 32%.
Sin embargo, denuncia que “la protección por razones humanitarias que demandan los ciudadanos procedentes de Venezuela no está teniendo una respuesta ágil” por parte del Gobierno, que acumula retrasos en la resolución de los procedimientos y solicitudes pendientes de resolución, amén del alto número de denegaciones de protección.
Ante esta situación sugiere que, en virtud del Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, por el que se traspuso a España la directiva europea en esta materia, se apruebe un plan especial de protección a los venezolanos desplazamos a nuestro país.
