Ciudad de Guatemala / Tegucigalpa, 26 sep (EFE).- La profesión de conducir un taxi o un autobús en Guatemala y Honduras se ha convertido en un oficio de alto riesgo, viéndose los conductores muchas veces asediados entre el pago de las extorsiones o la muerte, con más de 5.000 choferes asesinados entre 2010 y 2024 en estos países.
A finales de agosto pasado, un conductor de un bus extraurbano fue sorprendido por sicarios en una motocicleta y asesinado a tiros cuando apenas llevaba 10 kilómetros de haber salido de la Ciudad de Guatemala e iniciado su recorrido habitual.
Los pasajeros alertaron a los bomberos y compartieron imágenes del crimen en redes sociales.
Esta escena se repite en las carreteras de Guatemala y Honduras, donde los choferes se sienten a la deriva sin apoyo de sus autoridades o incluso de sus patronos, quienes en muchos casos se niegan a pagar la extorsión pedida por las pandillas que operan en ambas naciones del norte de Centroamérica.
Estas pandillas o ‘maras’ formadas por jóvenes y adultos dominan algunos barrios de Honduras y Guatemala con un ‘modus operandi’ basado en el asesinato y las extorsiones, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.
Estas organizaciones criminales han obligado a muchas empresas de transporte a cerrar temporalmente sus operaciones por el cobro de extorsiones, así como a suspender sus labores a decenas de taxistas y choferes de transporte urbano en las principales ciudades y departamentos.
En Honduras, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) registró entre 2010 y septiembre de 2024 unas 2.300 muertes violentas de personas vinculadas al sector del transporte.
Además, en el mismo periodo un estimado de 1.140 conductores de taxis y mototaxis fueron asesinados, de acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh).
En Guatemala, entre 2014 y 2024 la PDH local sumó 2.000 homicidios contra personas en transporte público, entre estos unos 640 conductores de buses extraurbanos que atraviesan el país.
Juan José, un conductor de taxi en Tegucigalpa al que no se identifica con su nombre completo por seguridad, explicó a EFE que la profesión se ha vuelto “peligrosa” por la violencia y el cobro de extorsiones de parte de las pandillas.
“Es preocupante la cantidad de compañeros que nos matan todos los meses, eso nos tiene de rodillas, porque no sabemos qué hacer ni a quién recurrir para encontrar una solución”, lamenta Juan José, que trabaja como taxista desde hace 20 años.
Lo mismo vive Jorge, un conductor de taxi en uno de los municipios aledaños a la capital de Guatemala, que durante una década condujo transporte extraurbano.
“He pagado extorsión casi toda mi vida (…) No hay atención del Gobierno, lo que nos toca es respaldarnos como gremio e incluso nos organizamos para pagar el impuesto de forma grupal, cada semana, según el acuerdo que tengamos con ellos”, dice en referencia a los extorsionistas.
En el caso hondureño muchos taxistas han sido asesinados por pandillas porque los propietarios de las unidades “se niegan a pagar extorsiones o porque no están dispuestos a pagar más dinero”, afirma Juan José.
Muchos conductores han perdido la vida por no pagar “el impuesto de guerra” que les cobran las pandillas, mientras que otros se han visto obligados a desplazarse forzosamente, denunció la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes.
Reyes indica que “se ha identificado que los transportistas son una de las poblaciones con alto desplazamiento forzado” debido a las amenazas y atentados que sufren cuando “no pagan la extorsión”.
Desde 2016 a la fecha, el Conadeh atendió unas 300 quejas de transportistas que denunciaron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado.
Los transportistas alegan ser víctimas de amenazas y extorsión, y los principales responsables fueron desconocidos o miembros de pandillas.
En Guatemala, la Gremial de Transporte Extraurbano denunció que durante 2024 unos 500 choferes y ayudantes decidieron dejar sus puestos de trabajo ante la amenaza de ser asesinados en sus rutas de trabajo.
En agosto, Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano explicó que el flagelo de la extorsión le cuesta unos 600 millones de dólares anuales a unas 1.500 unidades de diferentes empresas que operan en toda Guatemala.
Jorge, el chofer de Guatemala, advierte: “Atrasarse con la cuota” es una amenaza de muerte segura.
