No hubo humo blanco en el Consejo Nacional Electoral (CNE), como se esperaba el lunes 16 de septiembre. El organismo electoral, que investiga la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro, por la presunta violación de topes en los comicios de 2022, se abstuvo de tomar determinaciones sobre el tema que convocó a los nueve magistrados, debido a una serie de solicitudes que llevaron a tal fin.
De acuerdo con lo que se conoció desde el tribunal, la magistrada Alba Lucía Velásquez, del ala del Pacto Histórico, pidió la rotación del expediente en contra del jefe de Estado, la discusión se aplazará al menos dos semanas. Solo hasta el 30 de septiembre se reanudará la discusión con la que se pretende, por parte de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, formular cargos contra el jefe de Estado.
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Ambos togados, cercanos al Centro Democrático y al partido Liberal, respectivamente, han soportado los argumentos según los cuales en la contabilidad presentada por el que ejerció como gerente de la campaña, Ricardo Roa, no se reportaron gastos adicionales por cerca de $5.355 millones, como parte de donaciones hechas por algunas organizaciones, gastos de propaganda y vuelos, entre otros.
Adicional a la petición de Velásquez, que según trascendió estaba dentro de los cálculos, con el fin de prolongar una decisión de fondo sobre la campaña, estaba por definirse la situación del magistrado Altus Baquero, que compareció en la jornada que se desarrolló en el CNE y pidió su reintegro, basado en el fallo de la Corte Constitucional, que protegió su derecho a continuar en el cargo.
“Dicha decisión, por su carácter protectivo inmediato, en virtud delos artículos 85 y 86 superiores, obliga a garantizar la ejecución sin demora de las órdenes allí impartidas, en consonancia con el rol esencial de la Corte en la salvaguarda de los derechos fundamentales”, se leyó en la misiva enviada por Baquero, que también entregó declaraciones a los medios desde la sede del Consejo Nacional Electoral.
En desarrollo…
