Este jueves, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dio luz verde a la nueva ley que regula los delitos de lesa humanidad después de que expirara el plazo para que el Ejecutivo pudiera realizar observaciones o vetarla.
El texto, titulado “Ley sobre la aplicación y alcance de los delitos de Lesa Humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”, fue enviado al Despacho Presidencial el 8 de julio. La presidenta Dina Boluarte no tomó ninguna acción antes del plazo final del 1 de agosto, lo que ha permitido que la ley entre en vigor automáticamente.
Con ello, se establece que solo se pueden imputar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a hechos cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha en la que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue incorporado al sistema legal peruano.
Además, se aplicará la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad desde el 9 de noviembre de 2003.
Norma se aprobó pese a críticas de la Corte IDH y Ministerio Público
En ese sentido, con la entrada en vigencia de la ley, los actos ocurridos antes de estas fechas no se consideran delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, bajo pena de nulidad.
La Fiscalía señala que esto tendría un impacto directo en 550 víctimas y 600 casos, que incluyen investigaciones y procesos judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), periodo que dejó miles de víctimas, la gran mayoría de sectores quechuahablantes, campesinos y pobres, cuyos derechos han sido históricamente ignorados.
Estos casos podrían ser archivados o concluidos penalmente debido a la prescripción. Entre estos se incluyen: Chuschi, la matanza de El Frontón, Barrios Altos, La Cantuta, Putis, Esterilizaciones Forzadas, Accomarca.
Sin embargo, pese a las críticas del Ministerio Público y de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la norma igual decidió aprobarse.
Alberto Fujimori, el principal beneficiado
En ese contexto, el exdictador Alberto Fujimori, cuyo régimen se desarrolló en el país de 1990 a 2000 y que fue condenado en 2009 por violaciones a los derechos humanos, sería uno de los principales beneficiarios de la norma, impulsada por el partido Fuerza Popular (FP), liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidiario e investigada por liderar una organización criminal y los presuntos delitos de lavado de activos, entre otros.
Además, se suman a la lista de favorecidos militares acusados o condenados por crímenes en dicha época, como Daniel Urresti Elera, acusado de violación sexual en agravio de la ciudadana ayacuchana Ysabel Rodríguez Chipana y del asesinato del periodista Hugo Bustíos; así como el operador político Vladimiro Montesinos, condenado por el asesinato de la suboficial y agente de inteligencia Mariela Barreto Riofano, entre otros cargos.
También se incluyen exmiembros de Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), grupos terroristas.
¿Qué otra ley polémica entró en vigencia?
Por otro lado, la ley sobre crimen organizado, también aprobada, redefine lo que constituye una organización criminal. Según la nueva norma, una organización criminal debe tener una estructura compleja y operativa, formada por al menos tres personas que colaboran en delitos con penas superiores a seis años de prisión.
Además, la ley exige que los allanamientos se realicen en presencia del involucrado y su abogado. Esta propuesta fue liderada por el congresista Américo Gonza (Perú Libre) y se basa en un proyecto del excongresista Waldemar Cerrón.
