El ministro de Justicia, Eduardo Arana, reconoció este domingo que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no estaba informado sobre el espionaje ejecutado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) contra el contralor Nelson Shack, quien incluso informó de la operación al expremier Alberto Otárola, según un informe difundido este domingo por La República.
“Desde el Gobierno rechazamos cualquier tipo de prácticas que puedan enlodar y empañar la trayectoria democrática que se está haciendo desde el Gobierno. No solo rechazamos, sino que reclamamos una investigación inmediata y célere”, declaró en diálogo con Canal N.
Arana hizo un llamado a la Fiscalía de la Nación para que inicie acciones legales contra los implicados y reconoció que ni él ni el Gabinete estaban al tanto de dicha denuncia. “Desde luego, de haber tomado conocimiento, hubiésemos efectuado igual que hoy la protesta que corresponde y hubiésemos impuesto que se investigue hasta las últimas consecuencias. Estas prácticas son antidemocráticas e ilegales, no son permitidas en este Gobierno”, remarcó.
De acuerdo con el diario, el equipo de seguridad de Shack identificó un operativo sospechoso cerca de su residencia el pasado 24 de octubre de 2023. Individuos no identificados, a bordo de dos vehículos y utilizando un dron, vigilaban los movimientos en la vivienda del contralor.
Los vehículos estaban registrados a nombre de una compañía vinculada a Walter de La Torre Cueto, un funcionario de Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), organismo dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El diario buscó declaraciones de Otárola mediante su representante legal, pero no obtuvo respuesta.
La República también confirmó que los vehículos implicados pertenecen a la DINI, pero fuentes citadas indicaron que, en el momento del incidente, estaban asignados a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN).
“Con la Contraloría nunca ha habido algún tipo de desavenencia ni mucho menos derivada de la actuación que le corresponde en su función de control, según Constitución. ¿Cómo vamos a creer que […] el ejercicio legal va a representar un problema para nosotros?”, aseguró Arana al respecto.
De igual modo, descartó que el ente sea “incómodo” a la administración de Boluarte, investigada por cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito en el caso de los relojes de lujo Rolex que exhibió en varios actos.
“Este Gobierno no es corrupto y tiene un talante democrático, […] que muestra todos los días. Desde el Gobierno, recibimos con beneplácito que la Contraloría actúe conforme a sus atribuciones. Este hecho, del contralor con el expremier, es aislado, puntual. El premier de aquel entonces tendrá que dar la respuesta que corresponde. Por eso es importante que la Fiscalía actúe”, remarcó.
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