En la mañana del miércoles 8 de mayo, la Corte Suprema de Justicia pidió que miembros del alto Gobierno y el Congreso de la República acudan al alto tribunal para entregar su declaración sobre el escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), después de las polémicas afirmaciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de esa entidad.
Según se conoció, la lista de citados la encabeza el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, además de los directores de la Ungrd y el Departamento Nacional de Inteligencia, Carlos Carrillo y Carlos Ramón González, y la ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz.
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De hecho, el alto tribunal ya definió las fechas en las que los funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro deberán comparecer. El primero en presentarse será el director del DNI, Carlos Ramón González, que deberá comparecer el próximo 20 de mayo.
En la agenda de la Corte sigue la mano derecha del presidente, Luis Fernando Velasco, que quedó citado para el próximo 31 de mayo. El último funcionario que entregará su versión de los hechos será el director de la Ungrd, Carlos Carillo, el 7 de junio.
En la directriz del alto tribunal también se pidió la presencia de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, que resultó salpicada por las declaraciones de Sneyder Pillina, al señalarla como la intermediaria en el pago de coimas para favorecer las reformas del presidente de la República. La exfuncionaria deberá asistir a la Corte el próximo 14 de junio.
La instrucción del despacho del magistrado Francisco Farfán, también incluyó la orden de realizar tres inspecciones fundamentales a diferentes entidades. La primera se está adelantando este miércoles en la sede la Ungrd, donde dos funcionarios de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recavarán información para alimentar la investigación contra los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.
Las investigaciones se complementan con otras inspecciones en la Procuraduría y el Congreso, buscando consolidar un expediente robusto que permita llevar a los implicados ante la justicia. El magistrado Farfán lidera estas pesquisas, enfocándose en las certificaciones de fuero de Name y Calle.
Y es que la Corte Suprema de Justicia empezó a mover sus fichas después de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, destapó la presunta red de corrupción en la celebración de contratos para la compra de carrotanques para el departamento de La Guajira, además de señalar a Iván Name y Andrés Calle como receptores de sobornos por valores de .000 millones y 1.000 millones respectivamente.
Estas revelaciones surgen en un momento en que Pinilla y Olmedo López, también exdirector de la Unidad, buscan negociar beneficios judiciales a cambio de su cooperación con la Fiscalía. Ambos han aportado evidencia que apunta a los congresistas y otros trabajadores de la entidad como partícipes en estos actos corruptos.
Se sospecha que estos contratos, destinados a mitigar emergencias en el departamento, contenían sobrecostos que fueron utilizados para financiar los sobornos. Por ese motivo, la Corte Suprema aseguró que ya estableció “los acercamientos con la fiscal general para consolidar el desarrollo armónico de las presentes investigaciones”.
De hecho, la Fiscalía General de la Nación ya tiene el proceso adelantado, pues lleva más de cuatro meses recopilando información que inició con el sobrecosto en la compra de 40 carrotanques, y terminó en un supuesto entramado para sobornar a miembros del Congreso para beneficiar las reformas del Gobierno nacional.
Entre las fichas clave del ente investigador está Pinilla y López, además del contratista de la Ungrd que estaría solicitando principio de oportunidad para convertirse en testigo clave. Se trata de Luis Eduardo López, quien sería el responsable de recibir al menos 48.000 millones de pesos para la compra de los vehículos, además de regresarle a Sneyder Pinilla 7.200 millones, al parecer, para sobornar a los congresistas.
