Ascenso y caída del Polo Obrero. Ese podría ser el título que resume lo que sucedió en los último nueve años con la organización piquetera más importante del país y que terminó con sus dos principales referentes, Eduardo Belliboni y Jeremías Cantero, imputados en una causa federal en la que se investiga posible extorsión a beneficiarios del Potenciar Trabajo, y por la utilización de facturas apócrifas para rendir parte del dinero que el Estado le giraba a las unidades de gestión -como cooperativas y comedores- para poder ejecutar esa ayuda social, por ejemplo, a través de emprendimientos laborales y de capacitación vinculados a ese plan social, el más importante, junto al alimentario, del entonces gobierno de Alberto Fernández.
La causa que investiga el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita reveló además un hecho sin importancia para el expediente, pero de impacto hacia el interior de las otras fuerzas que integran la Unidad Piquetera: Cantero, la mano derecha de Belliboni, fue funcionario en gobierno del Frente de Todos en la cartera que los piqueteros cuestionaban con dureza, pero con la que terminaban acordando, en especial con las dos primeras gestiones a cargo de Daniel Arroyo y Juan Zabaleta. Con la llegada de Victoria Tolosa Paz la relación se tensó. Anunció que el suyo era un ministerio de “puertas abierta”. Si bien dialogaba con los referentes de izquierda, la actual diputada nacional cortó planes, y recortó subsidios. El “ajuste” recayó, sobre todo, en las organizaciones de izquierda. Así y todo, en el pico de ese conflicto, Cantero siguió en su cargo. Había ingresado en enero de 2020 y, según los registros de la AFIP a los que accedió infobae, siguió percibiendo sus honorarios hasta el 9 de mayo de 2024. Percibía entre $535.122 y $852.946.
Cuatro días después de haber recibido el último sueldo del Estado la casa de Cantero fue allanada por orden de juez Ercolini.
Durante la medida judicial la Policía Federal le secuestró dinero en efectivo. En una entrevista que le hicieron en el canal de YouTube del Polo Obrero Cantero explica: “Golpearon la puerta, les abrimos, revisaron absolutamente todo y bueno…nos robaron incluso la poca plata que teníamos para vivir. En mi caso 70.000 pesos que era lo que me quedaba, acabo de ser despedido de mi trabajo y ahorros muy mínimos que teníamos con mi compañera”.
En la causa consta que en su vivienda se encontraron exactamente “$75.000, U$S2.591 dólares, 135 recibos de pagos del Polo Obrero”.
En la resolución fiscal que argumentaba los allanamientos, Pollicita sostiene que Cantero ocupaba el “escalón superior a los referentes de cada comedor. Intervenía en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”. Es a Cantero a quien Elizabeth Del Carmen Palma, le manifestó su preocupación respecto de la posibilidad de que se los investigue ‘por lavado’ en relación con las ‘cooperativas que están recibiendo las capitas’”. Ante esa inquietud, el líder piquetero “le propuso pensar un plan de adónde va eso”, en referencia al dinero.
Para el fiscal, esos diálogos “sugieren que las actividades de los imputados se orientaron también a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de cooperativas”.
Según pudo corroborar Infobae, los principales referentes que integran la Unidad Piquetera desconocía que Cantero fuese funcionario en el ministerio al que iban a protestar y a realizar acampes. Eso podría explicar por qué razón, los dirigentes que suelen marchar junto a Belliboni y Cantero no salieron en tropel a defenderlos en público cuando el juez Ercolini decidió procesarlos.
Es más, después que la justicia procesó a los dirigentes del Polo Obrero parte de la Unidad Piquetera se dividió. Armaron un nuevo espacio que se llama Territorios en Lucha y que agrupa a: La Coordinadora por el Cambio Social, FeNaT-CTTA, MAR, Frente de Organizaciones en Lucha, MST-Teresa Vive, Frente Popular Darío Santillán y Libres del Sur.
“El Polo quedó muy pegado al tema de las extorsiones y ahora alas facturas truchas. No nos abrimos de la Unidad Piquetera, pero por ahora vamos a votar nuestras propias medidas de lucha contra las políticas sociales de Sandra Pettovello y el reclamo por la comida en los comedores”, explicó uno de los referentes del nuevo espacio del cual no participa el Polo Obrero.
Belliboni pasó a ser parte de uno de los investigados en la causa porque firmó convenios ante el ex Ministerio de Desarrollo Social en donde asumía una serie de obligaciones como unidad de gestión del dinero que repartía el Estado Nacional. Pero los investigadores notaron que en esos movimientos aparecían “gastos dibujados” y usinas de lo que se sospechan son facturas truchas. Son dos las firmas sospechadas: Ediciones e Impresiones Rumbos SRL con sede en la calle Palestina 542, en el barrio de Almagro. En ese lugar hay un modesto PH, que fue allanado cuando la causa estaba bajo secreto de sumario. La Policía fue recibida por el hijo del ex legislador Marcelo Ramal, que viviría ahí con su madre y otra persona. De la imprenta, no había ningún rastro. La otra sociedad es Coxtex SA, creada en 2020 y supuestamente dedicada a la venta de electrodomésticos, celulares y accesorios de computación. “Está en la base de datos de la AFIP como una empresa usada para proveer facturas apócrifas”, según le detalló una fuente de Tribunales a Infobae. Tal como publicó este medio Casanello detectó facturas truchas de esas dos sociedades por un total de $25 millones “para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
Belliboni, quien será indagado el 25 de junio, deberá explicar por qué firmó rendiciones de fondos donde aparecen las facturas sospechosas. “Entre 2020 y 2023, la Asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor recibieron $360 millones. De ese total habrían rendido solo 113 millones. En esas rendiciones aparecen los 25 millones de las facturas truchas.
El 29 de mayo el juez Casanello dictó la inhibición general de bienes a Belliboni y a otros 22 dirigentes. La medida incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico – financiero que tengan los dirigente sociales.
Las pruebas llevarían al magistrado a inferir que parte del dinero que el Estado le otorgaba a la Asociación Polo Obrero y El Resplandor para destinar a los más necesitados a través de programas laborales y de capacitación terminaban financiando acciones político-partidarios, entre ellos actos y logística para realizar cortes, piquetes y marchas.
Un hecho que deberá probarse y del cual Belliboni y el resto de los dirigentes podrán defenderse en la indagatoria.
La subsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, ya realizó varias presentaciones judiciales en las que solicita que se investiguen a los funcionarios de la gestión anterior que debían controlar el destino de esos fondos, el de los alimentos y los “comedores fantasma”.
Para la funcionaria: “Todo esto parece ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”.
La sociedad de AF con los dirigentes sociales
Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2019 prometiendo “gobernar junto a los dirigentes populares”. Lo cumplió.
A los propios, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Transversal Nacional y Popular, Mocase Vía Campesina y el Frente Agrario Evita, entre otros, los ubicó en cargos estratégicos dentro del Ministerio de Desarrollo, Jefatura de Gabinete, Obas Públicas y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre otras carteras.
Alguno de los dirigentes que dejaron los piquetes en las calles para ocupar despachos oficiales fueron: Emilio Pérsico, Fernanda Miño, Fernando “Chino” Navarro, Rafael Klejzer, Edgardo Depetri, Migue Gómez y Daniel Menéndez, entre otros.
Fernández les otorgó a los dirigentes sociales la administración de los programas sociales más importantes, como el Potenciar Trabajo, el Programa Alimentar y la urbanización de los barrios populares.
El escándalo que hoy cruza al gobierno de Javier Milei nace de la decisión de dejar la “tercerización” de los programas sociales a través de estas organizaciones y no controlarlas, o, lo que es peor, dejar los controles en sus propias manos. Por ejemplo, las cooperativas de trabajo, a las que Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita otorgaba millonarios convenios desde la Secretaría de Economía Popular, debían ser reguladas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Como presidente de ese organismo clave fue nombrado Alexandre Roig, otro dirigente del Movimiento Evita. Estaban de los dos lados del mostrador. Pérsico también estaba a cargo de la administración del Potenciar Trabajo.
En otra de las áreas de Desarrollo Social también se desempeñaba Jeremías Cantero, el dirigente del Polo Obrero.
Fernández multiplicó por dos los beneficiarios de programas sociales que había dejado el gobierno de Mauricio Macri. Este, a su vez, multiplicó por tres la cantidad de “planeros” que había dejado el kirchnerismo.
Según los números oficiales -ver infografía- en 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde se concentró la mayor cantidad de beneficiarios 1.987.875. Estaban agrupados en el Plan Jefes y Jefas de Hogares. Y dependía del Ministerio de Trabajo. Fue una salida a la crisis social y económica de 2001.
En diciembre de 2007, con Néstor Kirchner en el Gobierno, la cantidad de beneficiarios descendió a 700.000. Estaban nucleados en el programa Familia por la Inclusión Social y pasó de Trabajo a la cartera de Desarrollo Social.
El 10 de diciembre de 2025, Cristina Fernández de Kirchner disolvió ese programa y lo dividió en tres: Argentina Trabaja y Ellas Hacen (Desarrollo Social) y Capacitación y Empleo (Trabajo). El número de beneficiarios descendió a 220.000.
Con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada y la situación política y económica, se multiplicaron los piquetes y protestas en la calle. Para tratar de apaciguar las protestas, el Gobierno, a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, “pactó” una tregua con los principales dirigentes piqueteros peronistas, entre otros Pérsico, Esteban “Gringo” Castro, Daniel Menéndez, Juan Grabois, Fernando Navarro, etc. Los piqueteros de izquierda, como el Polo Obrero, quedaron marginados de las negociaciones. Por eso siguieron protestando, pero. Se creo el Programa Hacemos Futuro. Al 10 de diciembre de 2019, los beneficiaron treparon a 780.000. La mayoría estaban nucleados en la CTEP, una organización impulsada por Grabois, Pérsico y Castro, entre otros. Después la CETEP se subsumió en una organización mucho mayor, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). A ella se sumaron algunas organizaciones de izquierda, como la Corriente Clasista y Combativa, liderada por Juan Carlos Alderete y que tiene en sus orígenes al Partido Comunista Revolucionario (PCR).
Con Alberto Fernández, -pandemia mediante-, y los dirigentes sociales y piqueteros en el gobierno, los beneficiaros aumentaron aún más. El 10 de diciembre de 2023 había un registro de 1.600.000 personas, la mayoría enroladas en el Potenciar Trabajo -que reemplazo el Hacemos Futuro-.
El 21 de junio de 2022, en un acto organizado por la CTA en Avellaneda, la entonces vicepresidente cuestionó a Alberto Fernández por haber dejado en manos de los dirigentes sociales las políticas sociales. “Si Evita los viera, ¡mamita!”, disparó en una implícita pero clara referencia al Movimiento Evita por el manejo de los planes sociales. “El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No”, había afirmado la ex presidenta.
En números redondos, durante el gobierno de Macri, la ayuda social se canalizaba, desde Desarrollo Social, a través de unas 19 organizaciones sociales. Con la llegada de Fernández a la Casa Rosada y su alianza con los dirigentes populares, el número se atomizó en más de 160, en las que estaban incluidas organizaciones peronistas, kirchneristas y de izquierda.
Es en esta dispersión y descontrol que comenzaron a proliferar, desde hace varios años, la supuesta utilización de facturas truchas para rendir el dinero de los convenios otorgados por el Estado; la multiplicación de “comedores fantasma”; la distribución de alimentos que no llegarían a los más vulnerables y las extorsiones a beneficiarios del Potenciar Trabajo para que asistan a las marchas sino se les daba de baja al plan social, según las causas que tramitan en Comodoro Py.
