Como parte del proceso de negociación entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se encuentra congelado debido a las profundas diferencias entre las partes, hay un gesto que recibió el visto bueno del defensor del Pueblo, Julio Balanta, que el jueves 27 de junio de 2024, en una declaración ante los medios de comunicación, ponderó de forma positiva los pronunciamientos que ha hecho el Ejecutivo con respecto a este proceso.
El funcionario, que reemplazó en el cargo a Carlos Camargo Assís, que dio un paso al costado para asumir otros retos profesionales, enfatizó la importancia de que sea el Ejército Nacional el único que ha cumplido con el cese. Establecidos, en este caso, en la mesa de negociación que completa seis ciclos cumplidos de diálogos, pero que no ha podido empezar el séptimo, que debía efectuarse en abril de 2024 en Caracas (Venezuela), tras una serie de desencuentros.
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“Valoramos, como Defensoría del Pueblo, que el Gobierno y en este caso, su delegación, reconozcan lo que hemos advertido desde el año pasado: los constantes incumplimientos por parte de los sectores armados que están sentados con el Gobierno. Y reconocemos que los únicos que han sido contundentes y han respetado al cese al fuego ha sido nuestra fuerza pública”, dijo Balanta, en relación con este caso, que centra la atención de su dependencia.
Del mismo modo, el defensor indicó que durante 2023 se denunciaron por parte de la entidad cerca de 233 hechos violentos que están en la caracterización de incumplimientos por parte de las estructuras al margen de la ley, como acontece con el ELN, que a su juicio, imposibilitan pensar en un camino de paz en este diálogo. “Valoramos que el Gobierno lo haga público”, reiteró Balanta, que además afirmó que hay una serie de puntos que desde su perspectiva son inamovibles.
La principal condición de la Defensoría del Pueblo
En su pronunciamiento, el defensor del Pueblo indicó que el principal punto que no puede entrar en discusión en la mesa es que se recluten menores de edad por parte del ELN o cualquier otra fuerza insurgente con las que el Estado negocia, como el Estado Mayor Central (EMC) o la Segunda Marquetalia, ambas disidencias de las Farc que tienen procesos en curso con delegaciones nombradas por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.
(Mauricio Duenas Castaneda/)
“Seguimos manteniendo unos inamovibles que debe tener el Gobierno en la mesa y exigírsele a los grupos armados: dejar de reclutar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nuestros niños no deben estar en la guerra, sino en las escuelas y los colegios, que es donde deben estar. Y que devuelvan a los que están en sus filas, además de dejar de secuestrar y que liberen a las personas que están en sus manos, pues nunca debieron estar en esta situación”, agregó.
Cabe destacar que el 3 de febrero se firmó una prórroga del secuestro por seis meses, que está vigente hasta el 3 de agosto en todo el territorio nacional. Sin embargo, hechos como el asesinato de Ánderson Alberto Hernández Villa, subintendente de la Policía, que fue secuestrado el 18 de mayo en Cúcuta (Norte de Santander) y apareció muerto el 25 de junio en Arauca; sumado al reclutamiento de dos menores, de 13 y 16 años, se han convertido en nuevos escollos al proceso.
Este panorama se conoce luego de que el 17 de junio, a través de un comunicado de prensa, la delegación del Gobierno nacional pidió al ELN reanudar las conversaciones. “Invitamos a la Delegación del ELN al diálogo constructivo, al examen bilateral para transitar salidas y reanudar a la mayor brevedad los ciclos de diálogo de la mesa”, se refirió en dicho mensaje.
