La crisis humanitaria de la comunidad Emberá que hace dos años ocuparon el Parque Nacional en el centro de Bogotá, sigue en alerta. Los residentes de la zona han denunciado que los menores de edad se encuentran en situación de mendicidad e, incluso, han sido víctimas de explotación. También se ha reportado el fallecimiento de algunos niños debido a la desnutrición y a infecciones respiratorias.
Fue así como al Juzgado Administrativo 63 de Bogotá llegó una demanda con la que se pretende levantar la ocupación que ha traído consigo la muerte de niños, la proliferación de enfermedades y la acumulación de carpas.
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Dicho recurso fue presentado por el ciudadano identificado como Reginaldo Kassim Aduen Bray, y se centró en la ocupación del parque y el impacto ambiental negativo del espacio público. Además, destacó que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha permitido por omisión esta situación durante mucho tiempo.
La acción popular busca amparar el derecho colectivo a un ambiente sano y la protección de la integridad del espacio público en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Además, se solicita a la Alcaldía de Bogotá la restitución y recuperación del parque y la reubicación de la comunidad indígena Embera Katio, asegurando un trato digno y el respeto por sus derechos.
(Mauricio Dueñas Castañeda/)
De esta manera, a través de auto emitido por el Juzgado Administrativo 63, la jueza Lucelly Rocío Munar Castellanos aceptó la demanda con la que se pretende levantar la invasión de indígenas del Parque Nacional.
También resolvió la vinculación a varias entidades nacionales y distritales para que la gestión se agilice. Entre ellas se encuentran el Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Restitución de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Defensoría del Pueblo.
El auto menciona que “el Ministerio del Interior ha informado en su página web oficial sobre las acciones coordinadas con diversas entidades para la reubicación de los indígenas Embera Katío”. Además, se subraya que la Secretaría de la Rama Judicial debe informar a la comunidad sobre este proceso y notificar a las partes implicadas.
La acción popular presentada por Aduen Bray cita varios fundamentos legales y constitucionales, entre ellos, el derecho a un ambiente sano y la protección del espacio público.
“La ininterrumpida disposición de residuos, las quemas y el uso inadecuado de fuentes hídricas en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera no solo constituyen una afectación del ambiente, sino un impacto sobre la calidad de vida y la salud de quienes viven en sus alrededores”, señaló el demandante.
El más reciente caso
Una bebé de tres meses de la comunidad Emberá, asentada en el Parque Nacional de Bogotá, falleció el domingo 9 de junio, según informó la Alcaldía de la ciudad. Este suceso destaca la grave situación humanitaria que enfrenta dicha población.
La Secretaría de Gobierno detalló que miembros de la comunidad Emberá llevaron a la menor a la ambulancia permanente ubicada en el parque en busca de atención prehospitalaria. Sin embargo, el equipo médico constató un cuadro crítico: la bebé presentaba “rigidez y pupilas midriáticas”. Ante esto, el médico regulador confirmó el deceso y notificó a las autoridades competentes.
“Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Policía y el ICBF, brindan acompañamiento a los padres de la menor, quienes deberán acudir a la Fiscalía de Puente Aranda para presentar entrevista ante fiscal, y se les entregará el acta para poder retirar de Medicina Legal el cuerpo de su hija”, informaron desde la Alcaldía.
El cuerpo de la menor fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para realizar los análisis pertinentes que determinarán la causa de la muerte.
