En horas de la mañana de este martes 30 de julio se dio por terminado el operativo de desalojo por parte de las autoridades de comunidades indígenas y campesinos que se habían tomado las afueras del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá.
Miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaria de Gobierno unieron fuerzas en pro de recuperar el espacio público que había sido tomado por estos grupos de personas en el sector.
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El organismo de control confirmó que el desalojo fue realizado a líderes indígenas y líderes de movimientos sociales que desde hace un par de meses se había instalado en la zona con el fin de realizar reclamaciones y peticiones con respecto a diferentes acuerdos que se habían pactado con el Ministerio, otras entidades a nivel local y nacional.
La subsecretaría de Gobierno María Ximena Morales aseguró que la diligencia se llevó de acuerdo con los procedimientos establecidos sin vulneración de derechos de los ciudadanos y atendiendo a sus peticiones.
“Fue una solicitud del Ministerio del Interior para la recuperación del espacio público de la sede de Bancol en la carrera 8, la idea es que estas personas debían desalojar este lugar, y así se llama el procedimiento. Antes de hacer el operativo se hicieron unas audiencias, se organizó todo para que se pudiera dar con garantía de derechos ese desalojo”, comentó la funcionaria en Citytv.
Este tipo de asentamientos en la capital y manifestaciones se han prolongado por varios meses, incluso, algunos de estos grupos llevan radicados en la ciudad por algunos años solicitando garantías para ellos y sus respectivos grupos poblacionales en Bogotá y sus territorios.
Los principales puntos que aparecen en las demandas fundamentales de las comunidades indígenas en Colombia están enfocadas en la respuesta del Estado a las problemáticas de seguridad y humanitarias y reubicación en territorios de origen. Para abordar estas inquietudes, el Ministerio del Interior inició conversaciones directas con las comunidades afectadas. Sin embargo, al llegar al lugar de la reunión, los representantes del gobierno fueron recibidos por miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
El Coordinador Nacional Agrario denunció que la presencia de la Policía y del Undmo (anteriormente conocido como Esmad) generó hostigamiento y restricciones al derecho de libre movilización de los manifestantes, quienes defienden su lucha por la paz. “Nos encontramos pueblo organizado, que luchamos por la paz”, afirmó el coordinador.
El 5 de junio de 2024, pasado el mediodía, llegó a la Nunciatura el nuncio apostólico Paolo Rudelli con el propósito de dialogar con los manifestantes. Los defensores de derechos humanos permitieron su ingreso, pero prohibieron la entrada a los miembros de la Policía que lo acompañaban.
Comunidad Emberá pasó la noche al frente de la Procuraduría General de la Nación para exigir garantías
Luego de una movilización pacífica por la Calle 80, que obstruyen la movilidad de los ciudadanos en la mañana del miércoles 24 de julio, y la posterior toma de las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, esta población decidió pasar la noche a la intemperie en la sede de la entidad en forma de protestas por el incumplimiento que aseguran se ha dado por parte de gobierno, en medio de los acuerdos pactados para el regreso a sus regiones, además, solicitando protección para las personas que aún residen en la capital del país.
(Mauricio Dueñas Castañeda/)
El líder de la comunidad Emberá Katio Livaniel Queragama, aseguró que son varios los puntos en los que exigen que lo pactado con las entidades del gobierno nacional se cumplan: “No estaba concertada con las comunidades indígenas, con los desplazados de aquí o los líderes de aca. El tema de retorno, algunas familias quieren regresar a su tierra natal con garantía total, y el tema de reubicación también con garantías, así como el de la reintegración”.
Representantes del gobierno y algunos líderes sostuvieron diálogos a altas horas de la noche, en los que se comprometieron a regresar a sus pueblos pero que no comparten que no existían las condiciones óptimas para los que aún habitan Bogotá.
