No hay productos en la cesta.
Minutos antes de las diez de la noche del 10 de julio, Jorge Javier Priego Solís, expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Tabasco, fue detenido por agentes de las policías Estatal, Ministerial y de Investigación en el municipio de Cunduacán.
De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario de 75 años fue puesto a disposición de un juez local en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del estado de Tabasco para la determinación de su situación legal.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el motivo de su captura, pues no hay información pública sobre alguna orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con información extraoficial, su detención estaría relacionada con una investigación alusiva a un supuesto desvío de 102 millones de pesos del erario público.
Priego Solís se desempeñó como titular del Poder Judicial en la entidad entre 2013 y 2018, durante la gubernatura del perredista Arturo Núñez Jiménez. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) detectó que en el último año de Priego como presidente de la máxima autoridad de justicia hubo irregularidades por 102 mdp en distintos rubros.
Una de ellas, de acuerdo con el diputado local Emilio Contreras Martínez de Escobar, fue que se rebasó el monto de percepciones a 107 servidores públicos, así como la falta de documentos que acreditaran dichos movimientos financieros.
En el pasado mes de marzo, el legislador militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó en una sesión del Congreso local que el Órgano Superior de Fiscalización no había ejercido ningún tipo de acción a causa del aparente desfalco millonario en el TSJ.
“Hasta donde se tiene conocimiento, los procedimientos administrativos que se instruyó realizar al OSFE están en trámite, por lo que se espera que sean desahogados en tiempo y forma y que se ejerciten las acciones correspondientes, para que las personas responsables sean sancionadas, tal y como está sucediendo con los exservidores públicos del Poder Ejecutivo del sexenio anterior”, dijo en asamblea.
Otro detalle que levantó serias sospechas respecto al ejercicio fiscal del Tribunal en 2018 fue el pago de más de siete millones de pesos a un trabajador en un periodo de sólo seis meses de prestación de servicios.
“Según la auditoría realizada a la cuenta pública correspondiente, se encontraron irregularidades no solventadas hasta por 102 millones y se debe a diversos actos tales como, remuneraciones a una sola persona con categoría de auxiliar técnico por 7 millones 20 mil 499 pesos en seis meses, es decir, ese técnico ganó un millón 170 mil pesos”, acusó el diputado Contreras Martínez.
Información en desarrollo…
