El viernes 17 de mayo, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con el voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti, dispusieron la creación “de la Secretaría Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, que asumirá varios de los expedientes que actualmente son tratados por la ya existente Secretaría Judicial n° 3.
Entre los fundamentos de la medida, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda citan el incremento considerable y sostenido de la cantidad de expedientes penales que venían ingresando a la Secretaría Judicial n°3, y que para poder “garantizar la buena administración de justicia” y “para satisfacer eficientemente los crecientes planteos de los justiciables”, se hacía “necesario” crear “una nueva secretaría judicial en materia penal”, para determinadas causas de esa especialidad; a saber: todo lo referido a “juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus”; también “las contiendas de competencia suscitadas en causas penales que hasta el presente tramitaban ante la Secretaría de Relaciones de Consumo”.
El juez Ricardo Lorenzetti fundamentó su disidencia con esta acordada señalando que existen otros intereses detrás de “la invocación de principios de buena administración”, y que lo mismo ha sucedido con otras decisiones de la Corte. “Siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”, expresó Lorenzetti, a la vez que recordó su compromiso con la sociedad y con futuros colegas que se sumarán al Alto Tribunal: “Sendo público y notorio que se ha nominado dos jueces” para la Corte, sería “de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”, apuntó.
En opinión de Lorenzetti, el atraso en el tratamiento de expedientes en la Corte “se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros”, y no es imputable a los secretarios, “ni tampoco se soluciona con la designación de nuevos funcionarios”. “La redacción de sentencias es una función de los jueces” y por lo tanto la falta de ellas “es (su) responsabilidad” y una función que “se desnaturaliza cuando se desciende al ilusorio deseo de ocupar espacios de poder interno”.
En ese sentido cuestionó “la falta de fundamento de una serie de decisiones apresuradas para crear oficinas, direcciones, ingresos de personal, como pocas veces se ha visto en este Tribunal”. Destacó que en cada caso se designa nuevo personal, “sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad” de la sociedad argentina.
“No hay ninguna justificación para crear una nueva (secretaría penal), excepto la de designar un nuevo secretario, con un altísimo costo y sin concurso alguno”, sentenció.
Lorenzetti citó ejemplos de fallos que se demoran por la inacción de los ministros, como “cientos de causas en las que se discute la constitucionalidad de la prisión perpetua”, y que se demoran porque los ministros no responden las sugerencias de los letrados que las analizan o no asisten a las reuniones.
Por otra parte, el juez considera que la verdadera intención de la acordada es el “vaciamiento de la actividad del secretario actual, sin fundamento alguno”, para que “los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican”.
También teme que este proceder se repita “con otras secretarías del tribunal, dividiéndolas y creando nuevos cargos con nuevas personas controladas”. Se trata, sostiene, de “un patrón de comportamiento que se ha producido en los últimos dos años”, en detrimento de la “excelencia” del tribunal.
En este sentido, Lorenzetti enumera en su voto en disidencia varias otras creaciones de la Corte en este período. Por ejemplo, las Comisiones para el lenguaje claro (Resolución 2640/2023), “un grupo de trabajo con personal del Tribunal, que no ha cumplido ninguna función, utilizando recursos de una manera ineficiente”. Otro caso es el de la Oficina de Bienestar Laboral (Acordada 33/2023), también con “nuevos funcionarios, de alto costo, y que no ha cumplido ninguna función”.
La enumeración sigue con la Oficina de Estadísticas, ya creada en 1991, pero luego eliminada por pasar esas competencias al Consejo de la Magistratura, como indica la ley. Pese a ello, se la volvió a crear, “en contradicción con los propios actos y duplicando funciones”.
También circula un proyecto para la creación de un portal comunicacional, luego de haber abandonado el Centro de Información Judicial (CIJ) que ya funcionaba. Según Lorenzetti, esto sirvió “simplemente para nuevas designaciones”.
Otra novedad fue la creación de una Secretaría Jurídica General, también previamente eliminada por considerársela innecesaria. Y la Secretaría de Desarrollo Institucional, “de altísimo costo sin función alguna”; pese a ello tiene un Secretario de Corte, un Prosecretario Letrado, un Director General, un Prosecretario Administrativo, un Jefe de Departamento y un Oficial. Desde su creación en octubre de 2018, señala Lorenzetti, “no ha presentado ningún informe de actividades que justifiquen ese costo”.
“Por esa razón -dice Lorenzetti en su escrito- he dado mi opinión en forma reiterada sobre la necesidad de reducirla o suprimirla, pero contrariamente, mediante esta decisión [la actual acordada], no sólo se la conserva, sino que se crea otra igualmente innecesaria”.
El Ministro ventila también otras irregularidades del alto tribunal. Por caso, la “sanción a un funcionario por denunciar irregularidades”. Se refiere al desplazamiento en 2023 del contador Daniel Marchi, “simplemente porque hizo observaciones referidas a las irregularidades en la obra social”.
O el “ocultamiento de las irregularidades de un funcionario”, mediante una decisión tramitada el 28 de diciembre de 2023, cuando, “en un solo día de investigación, se decidió archivar una gravísima denuncia contra el funcionario Silvio Robles”.
Ese sumario no se dio a publicidad, recuerda Lorenzetti, “porque, evidentemente, no pareciera superar el estándar de lo aceptable por la comunidad”.
Lorenzetti cuestionó además ciertas actitudes personalistas de algunos de los otros jueces como la “decisión inconsulta” de organizar “un Congreso en la Corte Suprema”, que, señala “es algo inusual”. “La Corte no es una Universidad, sino un Tribunal que dicta sentencias. Pero además, el evento comienza con un reconocimiento al Presidente de la Corte Suprema”, señala Lorenzetti. Y agrega: “Organizar un Congreso para premiarse a sí mismo es algo que nunca se vio”.
Otro detalle “criticable” de este evento es que “el cierre del congreso está adjudicado a Norma Abate de Mazzuchelli, quien acaba de ser acusada por lo que parece ser una grave inconducta”, en referencia a la denuncia por cohecho que afecta a la vicepresidente de la Asociación de Mujeres Juezas.
(Noticia en desarrollo)
