El próximo martes, más de 20 jefes comunales de todo el país, agrupados en la Red Federal de Intendentes, irán al Congreso Nacional para reclamar ante los legisladores una distribución más equitativa de los subsidios al transporte. La decisión está motivada en una reciente resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación que aumentó los subsidios solamente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en desmedro del interior del país. Buscarán también ser recibidos por el ex ministro del Interior y ahora jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero – según fuentes de la Secretaría de Transporte – no está previsto que sean recibidos en este organismo, cuyo titular es el funcionario cordobés Franco Mogetta.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que, desde febrero, el Gobierno eliminó el Fondo Compensador al Transporte que regulaba los subsidios y permitía sostener el precio del boleto de colectivo en las provincias. El viernes, el propio Francos, ratificó que no está en los planes del Gobierno revivirlo.
Entre los intendentes que acudirán al Congreso estarán Daniel Passerini (Córdoba), Ulpiano Suárez (Mendoza), Rosario Romero (Paraná), Pablo Javkin (Rosario) y Juan Pablo Poletti (Santa Fe), entre otros. Lo harán en representación de la Red Federal que nuclea a los alcaldes de las principales ciudades del país, surgida hace pocos meses, como una alternativa de perfil más dialoguista a la histórica Federación Argentina de Municipios, afín al kirchnerismo y presidida por el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza.
A finales de abril, una veintena de intendentes de la nueva Red Federal de jefes comunales se habían reunido en Rosario con Francos – entonces a cargo de Interior -, y le habían propuesto coparticipar el impuesto a los combustibles para compensar la quita a los subsidios al transporte automotor en las provincias.
Hace 10 días, los jefes comunales difundieron un documento en el que sostienen que “es de imperiosa necesidad reclamar de manera urgente un aporte directo al sistema de transporte de pasajeros por colectivos a favor de las provincias y, así, atender a un problema que atañe al país entero mediante una distribución más federal de los recursos nacionales”. En el mismo texto recordaron que el boleto en el interior vale tres veces más que en el AMBA.
Desde la Secretaría de Transporte fundamentaron el recorte de los subsidios en que “no le corresponde al Estado Nacional subsidiar la oferta en lugares donde no fija tarifa, ni diseña recorridos o frecuencias, ya que cada provincia o municipio es responsable de su transporte y debe administrarlo de la manera que lo considere, estableciendo la tarifa y las compensaciones a través de subsidios que cada jurisdicción considere”.
Ante la consulta de Infobae, en el organismo a cargo de Mogetta ratificaron que el Estado nacional sólo puede subsidiar a los colectivos con recorrido en jurisdicción nacional. “Esas líneas son, en total, 144, de las cuales 134 circulan por el AMBA y 10 son interprovinciales, como la línea 910 que va desde Rosario a San Nicolás de los Arroyos, las 906 y 907 que van desde Santa Fe hasta Paraná, la 902 que circula entre Resistencia y Corrientes o la 914 que lo hace entre Gral. Roca (Río Negro) hasta Neuquén, entre otras”.
Esta postura explica que en el primer cuatrimestre de 2024, los subsidios al transporte automotor en el AMBA cayeron un 23% respecto del mismo período de 2023, considerando la inflación, de acuerdo al análisis realizado por Infobae de los datos provistos por la Secretaría de Transporte. Mientras que la quita de compensaciones giradas a las provincias registró una disminución del 85%.
En los primeros cuatro meses de este año, el total de subsidios transferidos a las empresas de colectivos que transitan en la zona metropolitana fue de $287.025 millones. En tanto que en el mismo período de 2023, esas empresas habían recibido $374.105 millones, en ambos casos a valores ajustados por inflación a abril pasado. Estas transferencias fueron en concepto del llamado Atributo Social, el Boleto Integrado SUBE y las Compensaciones Tarifarias, subsidios incluidos en el Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).
En cambio, el resto de las provincias recibieron en el primer cuatrimestre del 2024 apenas $19.353 millones, contra $129.620 millones en el mismo período en 2023, a valores ajustados a abril de este año por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un 85% menos.
Los datos muestran una marcada desproporción entre lo que recibe el AMBA y lo que Nación le gira a los distritos del interior del país. En este primer cuatrimestre de 2024, a valores ajustados por inflación, el AMBA recibió el 94% de los subsidios totales al transporte automotor, mientras que todas las restantes provincias apenas el 6% restante.
¿Cómo funciona el sistema de subsidios? El Estado le otorga a las empresas del sector automotor una determinada suma de dinero de forma mensual, en compensación por la diferencia que existe entre el costo real del servicio y la recaudación por la venta de boletos. En el AMBA, la información sobre la recaudación de las empresas se realiza a través del sistema SUBE, mientras que en el interior del país -como en muchas provincias no funciona este sistema- se realiza a través de declaraciones juradas de las empresas sobre la cantidad de pasajeros que usan el servicio.
Según datos de Transporte, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano hay 390 líneas, pertenecientes a 150 empresas, que operan en tres niveles jurisdiccionales: nacional, provincial y municipal. De esas líneas, 134 están bajo la órbita de Nación (las que van de numeración 1 a 200).
A diferencia de lo que ocurre en el AMBA – donde sólo el Estado nacional le da fondos a las empresas para cubrir un porcentaje del boleto que supo llegar a ser del 90% – en el interior del país, las provincias y los municipios se hacen cargo de una parte de los subsidios. El régimen de compensaciones para el transporte del interior comenzó en 2007, pero en 2019 – durante la gestión de Mauricio Macri – se modificó y acordó que las provincias debían aportar, al menos, el 50% del valor de los subsidios recibidos en el año anterior.
El Fondo de Infraestructura del Transporte (FFSIT) – que figura entre aquellos que el Gobierno incluyó en la Ley Bases con la atribución de modificarlos o disolverlos – implicó en el primer cuatrimestre del año pasado un desembolso de $25.401 millones, distribuidos entre las provincias, que a valores ajustados a abril de este año implicarían $111.617 millones.
El FFSIT incluye, además del subsidio por Atributo Social, el Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros automotor urbano del interior, que el Gobierno eliminó a principios de febrero, tras la caída de la primera versión de la Ley Bases en la Cámara de Diputados. Se anunció como una medida destinada a subsidiar la demanda y no la oferta. Gobernadores e intendentes advirtieron, en ese momento, que el Fondo Compensador estaba en el Presupuesto 2023, prorrogado para 2024, por lo que no se podían eliminar las transferencias simplemente por una resolución, pese a que su monto se había licuado por la inflación.
“Retirar los subsidios ha creado una crisis”, sostienen los jefes comunales de la Red Federal de Intendentes quienes, después de la falta de respuestas por parte de la Nación, decidieron marchar este martes 4 de junio al Congreso para visibilizar la problemática. “Pediremos una audiencia con todos los legisladores del interior para modificar la ley y que el impuesto a los combustibles quede en cada ciudad”, informó Poletti, intendente de Santa Fe.
Francos ratificó, sin embargo, este viernes en declaraciones a Cadena 3, que no habrá vuelta atrás con la disolución del Fondo Compensador del Interior. “No va a haber ese tipo de subsidios de la Nación. Estos son temas provinciales que tienen que resolver las provincias”. Y agregó: “No podemos por un lado declamar federalismo y por otro lado pedirle subsidios a la Nación. El federalismo implica que la provincia recauda sus impuestos, recibe impuestos que son nacionales, parte de coparticipación y utiliza esos recursos para la gestión de la provincia”.
No obstante, desde Transporte le dijeron a Infobae que “se mantienen los subsidios por parte del Estado Nacional a los sectores más vulnerables a través de la SUBE. La Tarifa Social Federal otorga un descuento del 55% de la tarifa del transporte en las 60 localidades de todo el país donde funciona la tarjeta”. Incluye a jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la guerra de Malvinas, monotributistas sociales; y beneficiarios de 9 programas como son la Asignación Universal por Hijo, Embarazo, entre otros.
Qué pasó entre 2019 y 2023
De acuerdo al análisis realizado por Infobae de los datos publicados por la Secretaría de Transporte en su sitio web, los subsidios al transporte automotor en el AMBA entre 2019 y 2023, se mantuvieron con muy pocas variaciones. Pasaron de $1.102.218 millones ($1,1 billones) en total en 2019, a valores reales ajustados por IPC, a $1.075.331 millones a lo largo de 2023, lo que equivale a un 2,4% menos (considerando la inflación).
En cambio, los subsidios a los colectivos que circulan en el interior del país, en esos cuatro años del Frente de Todos, subieron un 48%. Pasaron de $204.429 millones en 2019 a valores de abril de este año, a $302.557 millones, cifra ajustada al IPC de ese mes.
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