Con el Consejo de Mayo todavía por formarse, el Gobierno avanza con el resto de las iniciativas legislativas que tiene en agenda, una de las cuales es la reforma política, que incluye cambios en todo el sistema de votación y de financiamiento de los partidos.
En este sentido, de acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas a las negociaciones con la oposición, una de las medidas que el oficialismo planea impulsar tiene que ver con aumentar el límite permitido de dinero que las empresas y las personas pueden aportar para las campañas de los espacios a los que apoyan.
Detrás de las conversaciones con los distintos bloques “dialoguistas” del Congreso están, principalmente, los vicejefes de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi, quienes la semana pasada se reunieron con diputados y les transmitieron esta idea.
Las autoridades nacionales argumentan que la normativa actual es muy restrictiva al respecto, lo que conlleva a que muchas veces las empresas y privados busquen alternativas, que incluso a veces están por fuera de la ley, para poder respaldar a los partidos que quieren.
Al respecto, sostienen que esta reforma solamente intenta transparentar una situación que en la práctica se da de todas formas, pero que en la mayoría de los casos sucede por fuera del control de la Justicia Electoral.
Actualmente, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos establece que las agrupaciones “podrán recibir, con motivo de la campaña electoral, un total de recursos privados que no supere el monto equivalente a la diferencia, entre el tope máximo de gastos de campaña” y “el monto del aporte” estatal que le corresponda.
No obstante, se aclara también que los espacios “no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al dos por ciento (2%) de los gastos permitidos para esa campaña”.
En las presidenciales del año pasado, por ejemplo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la cifra permitida fuera de hasta 20.366.175 de pesos para las PASO; de $40.732.350, para las generales, y de otros $20.366.175, para la segunda vuelta.
Esta es una de las cosas que quiere cambiar el Gobierno, ya que entiende que ese número es muy inferior al que realmente obtienen los partidos por parte del sector privado, y en principio tendría el apoyo de los bloques “dialoguistas” para incluirlo en el proyecto.
Sin embargo, todavía resta saber cuál será el nuevo monto máximo permitido, lo cual en La Libertad Avanza reconocen que se va a tener que acordar con la oposición en las siguientes reuniones que vayan teniendo por este tema.
En lo que no hay tanto consenso es en otra de las iniciativas del oficialismo en el marco de la reforma política, que es la eliminación del espacio publicitario que la televisión y la radio están forzadas a destinar para los candidatos en época de campaña.
La normativa vigente señala que “los servicios de comunicación están obligados a ceder el diez por ciento del tiempo total de programación para fines electorales”, que se distribuirá de la siguiente manera: el 50% por igual, entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen listas, y la mitad restante “en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior para la categoría diputados nacionales”.
Asimismo, se especifica que el horario de transmisión de los spots será el comprendido entre las siete de la mañana y la una de la madrugada del día siguiente, según el orden que cada espacio consiga en el sorteo que deberá realizar la Dirección Nacional Electoral (DINE).
El Gobierno considera que los medios de comunicación no deberían estar obligados a ceder ese tiempo de programación para cuestiones partidarias y que, en todo caso, cada sector deberá comprar con su dinero el lugar en la televisión y la radio, si así lo desea.
Esto no es visto con buenos ojos por las bancadas “dialoguistas” más pequeñas, que les manifestaron su descontento con esta iniciativa a Catalán y a Rolandi, ya que perjudicaría a sus respectivos partidos en los próximos comicios.
Esto es una complicación para La Libertad Avanza, que necesita del respaldo de la mayor cantidad posible de diputados, ya que para aprobar una reforma electoral se necesita mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los integrantes de la Cámara (129 votos a favor).
