La siguiente comparecencia clave en el caso Begoña Gómez será la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, cuya relación con la esposa del presidente del Gobierno investiga el juez. El magistrado Juan Carlos Peinado ha advertido a Gómez que deberá asistir presencialmente a esa citación, que se realizará por videoconferencia desde el hospital donde se encuentra ingresado el testigo, ya que de no hacerlo podrá dictar una orden de detención contra ella.
La declaración de Barrabés está agendada el próximo 15 de julio. El empresario declarará desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde permanece ingresado por motivos de salud, y tanto el juez como las partes seguirán la vista desde las instalaciones del Juzgado de Instrucción número 41, en los juzgados de Plaza de Castilla. La testifical de Barrabés se incorporará a la causa como prueba preconstituida, lo que requiere la asistencia presencial de la persona investigada, en este caso Begoña Gómez.
Por ello, según confirman fuentes jurídicas, el juez Juan Carlos Peinado ha dictado una resolución en la que avisa a la esposa de Pedro Sánchez que tiene el “deber de comparecer” junto a su abogado, el exministro Antonio Camacho, ya que “de no hacerlo, ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en orden de detención”. El documento fue redactado antes del paso de Begoña Gómez por el juzgado el pasado viernes y aparece firmado por la investigada.
Tres pasos por el juzgado en 15 días
Si, tal y como está previsto, Gómez acude a Plaza de Castilla el próximo lunes, tendrá que pasar por el juzgado hasta tres veces en apenas 15 días. La primera fue el pasado viernes, cuando se suspendió y aplazó su declaración como investigada al próximo 19 de julio. El juez instructor tomó esta decisión porque a la investigada no se le había notificado una segunda querella incorporada al procedimiento y presentada por la asociación ultracatólica Hazte Oír.
A preguntas de los periodistas, el abogado Antonio Camacho aseguró que Begoña Gómez acudió al juzgado “dispuesta a declarar si el juez aclaraba cuáles eran los hechos objetos de investigación”. También explicó que el magistrado les comunicó la existencia de una segunda querella que no se había notificado a la defensa. “Por lo tanto, hemos solicitado que no declarara”, lo que a juicio del letrado era “la mejor decisión no solo para el derecho de defensa de la investigada, sino para la defensa del Estado de Derecho y una sociedad avanzada democráticamente”.
La Policía Nacional desplegó un fuerte dispositivo con una veintena de furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP), cuyos agentes y los de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) controlaron el entorno de la sede judicial, obligando a cortar parcialmente el tráfico y el tránsito de ciudadanos. También contuvieron una concentración de ciudadanos que protestaban contra el presidente del Gobierno y su mujer.
