El Juzgado de Instrucción número 5 de Palma ha rechazado archivar la denuncia contra el exmonitor de la Fundació Natzaret acusado de abusos sexuales, y en su lugar ha aceptado transformar el proceso en procedimiento ordinario de sumario como había pedido la Fiscalía.
Este avance procesal no implica automáticamente la apertura de juicio pero allana el camino para sentar en el banquillo al exmonitor, denunciado por el activista Antoni Estela, un antiguo residente del centro, por hechos ocurridos en los años ochenta, cuando era niño.
Su abogado, Francisco Ochoa, ha informado de esta novedad en una rueda de prensa en la que el propio Estela ha recibido la noticia con visible emoción. Próximamente el abogado podrá presentar su escrito de acusación y ahí prevé aportar nuevas pruebas.
El letrado ha insistido en la relevancia de este paso judicial en un caso de estas características, al tratarse de hechos ocurridos hace décadas. Apuntaba el jurista que “el asunto desde el punto de vista de los hechos está claro” y el debate principal gira en torno a la prescripción del delito. De hecho, Estela ha afirmado que intentó denunciar en 2016 ante la Policía Nacional y no le quisieron tomar la denuncia por considerar que estaba prescrito.
El auto del Juzgado razona que, en esta frase procesal, “lo exigible es la evidencia de elementos que permitan valorar la posible comisión del hecho y la participación del investigado en el mismo”, dejando la prueba de cargo para el juicio. Por ello rechaza las alegaciones de la defensa sobre la falta de pruebas: la fase actual no requiere “un juicio de certeza sobre la realidad de los hechos, sino la existencia de indicios de que pudieran haberse perpetrado”.
En este sentido, la juez considera que los hechos denunciados pueden constituir un delito continuado de agresión sexual por parte del exmonitor.
Similarmente, el Juzgado también rechaza el argumento de la defensa para archivarlo porque los hechos hayan prescrito, por entender que es una cuestión que excede a esta fase procesal.
CONSEGUIR UNA SENTENCIA, AUNQUE SEA DECLARATIVA
El abogado encargado de la querella de Estela ve en este avance la confirmación de la “posibilidad de que haya sentencia condenatoria”, al margen de que pueda recurrirse con posterioridad. “Hay base jurídica para seguir adelante”, ha explicado Ochoa.
En este contexto, el denunciante busca acreditar los hechos aunque sea mediante una sentencia declarativa sin que se llegue a ejecutar una pena de prisión. “Antoni Estela ha abierto el camino para que otras personas puedan tener una referencia, una oportunidad como la que él va a tener ahora mismo”, ha celebrado el abogado.
El hecho de que el Juzgado no archivara el proceso con anterioridad por la antigüedad del delito les hace ser optimistas. En el debate sobre la prescripción, Ochoa ha aplaudido el “trabajo excelente” de la Fiscalía en la gestión de los tiempos procesales: “Ya el mero hecho del informe del fiscal sienta un precedente importante. Es una manera de decir que habrá posibilidades para las personas que no querían denunciar, tenían miedo o se sentían desamparadas por el sistema”.
UN VÍDEO INCRIMINATORIO
Para el letrado, en este caso en particular hay un elemento novedoso, una prueba “obtenida recientemente”: el vídeo incriminatorio grabado hace unos años por Estela.
En las imágenes, tomadas en la puerta del domicilio del presunto agresor, Estela le recrimina sus actos y su interlocutor, sin negar las acusaciones, habla de que fue algo que pasó hace mucho tiempo y pide disculpas. “Ésa es la novedad que lo hace especial”, ha considerado Ochoa.
Con todo, desde una perspectiva formal, el abogado no esconde que en muchos casos de este tipo las Audiencias Provinciales dictan condenas que luego son revocadas en el Tribunal Supremo. En cualquier caso, anticipaba que combatirán agotando todos los recursos posibles.
REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS
“Las víctimas necesitan reparación”, recalcaba la portavoz de la asociación ARDIP, Marga Mogica, que está apoyando a Estela en el procedimiento.
Estela, por su parte, ha vuelto a insistir en la necesidad de que este tipo de delitos no prescriban mientras viva la víctima, y ha pedido al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que abra una oficina para víctimas de abusos sexuales en centros de protección, que evalúe su credibilidad y promueva una reparación.
Además, Estela ha reclamado un movimiento por parte del Obispado de Mallorca por presidir el patronato de la Fundación: “Tiene responsabilidad sobre que en la institución se produjeran hechos tan terribles”.
El perjudicado ha expresado que durante aquellos años sufrió “todo tipo de aberraciones”, insistiendo, como declaró en el Juzgado, que fue víctima de abusos por parte del monitor. El activista sostiene que el hombre lo ofreció a otros varones para que también abusaran de él y que hay más víctimas del centro. “Fue la peor de las pesadillas. Me robó mi infancia, violó también mi inocencia”, ha manifestado, advirtiendo los problemas psicológicos que esto le ha acarreado.
A su lado, Mogica ha llamado a replantearse “desde un punto de vista más humano” el sistema tutelar de menores.
