Los abogados de Mauricio Ramírez Landaverde, el exdirector de la policía salvadoreña que ayudó a descubrir los tratos políticos que el liderazgo de las pandillas MS13 y el Barrio 18 hicieron con funcionarios del presidente Nayib Bukele, pidieron a un juez que autorice tratamiento médico para su cliente. Ramírez es diabético y, de acuerdo con sus defensores, padece dolores por una hernia que debe ser tratada con urgencia. Es poco probable que las autoridades judiciales contesten: el exjefe policial no ha visto a un médico desde que fue detenido en diciembre de 2021.
“Nuestro defendido adolece de varios problemas de salud, entre ellos un problema con una hernia… lo cual le puede generar una desmejora… estando detenido en un centro penal… Solicitamos se ordene un chequeo clínico de parte de médicos del Instituto de Medicina Legal (forense)”, escribieron los abogados de Ramírez al juez quinto de instrucción de San Salvador, quien lleva el caso, en un documento fechado el 3 de marzo de 2024.
Los defensores también recuerdan al juez que su cliente debería de estar libre porque un tribunal de primera instancia resolvió su arresto domiciliar a finales del año pasado.
El gobierno de Nayib Bukele no ha explicado por qué no liberó a Ramírez Landaverde el 11 de diciembre de 2023, cuando cumplió dos años en detención provisional sin que la fiscalía general salvadoreña, dirigida por un funcionario leal al presidente, pudiese probar los delitos de los que lo acusa. La legislación salvadoreña establece que un imputado puede ser favorecido con medidas alternativas a la detención si ese plazo se cumple.
Ramírez Landaverde no es el único reo al que el sistema penitenciario salvadoreño ha dejado en prisión a pesar de que los plazos para una eventual libertad estén agotados, sobre todo desde que el régimen de excepción de garantías constitucionales fue aprobado en marzo de 2022, pero es uno de los que tiene un perfil político alto.
Director de la Policía Nacional Civil (PNC) y ministro de justicia y seguridad en el segundo gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Ramírez estuvo a cargo de la seguridad pública entre 2014 y 2019, en una época caracterizada por el recrudecimiento de la violencia pandillera, pero también por el inicio en la baja sostenida de homicidios.
El exfuncionario está preso desde el 9 de diciembre de 2021 por acusaciones de que, durante su gestión al frente del ministerio ocurrieron actos arbitrarios y abuso de autoridad en el sistema carcelario salvadoreño, del que él era responsable. Fue el mismo Nayib Bukele quien en junio de 2019, solo días después de haber sido juramentado como presidente del país, acusó en sus redes sociales a Ramírez Landaverde del supuesto mal uso de unos USD 14 millones; el presidente no presentó pruebas y la fiscalía general, que entonces Bukele no controlaba, no hizo acusación alguna.
Fue hasta septiembre de 2021, cuando ya Bukele había instalado en la Fiscalía General de la República a uno de sus cuadros políticos, el abogado Rodolfo Delgado, que se concretó una acusación formal contra Ramírez.
En la primera audiencia, realizada pocos días después de la captura inicial, la jueza de primera instancia recriminó a los fiscales de Delgado por la pobreza de la prueba y dejó en libertad condicional a Ramírez mientras la investigación continuaba. De los supuestos USD 14 millones que había hablado Bukele en 2019, los fiscales solo acreditaron movimientos financieros por USD 400,000 relacionados con ganancias de tiendas penitenciaras y no presentaron evidencia de que esos fondos llegaran a cuentas del entonces ministro o sus familiares.
La fiscalía apeló y el caso pasó a un tribunal superior, donde los jueces fueron más amigables con los fiscales de Bukele e iniciaron el proceso para emitir una nueva orden de captura. Mientras, la Corte Suprema de Justicia, también controlada por el presidente, disciplinaba a Edelmira Violeta Flores Orellana, la jueza que había otorgado arresto domiciliar al exministro, enviándola a un juzgado de menor importancia. A principios de diciembre de 2021, Ramírez se entregó voluntariamente a la PNC, la institución de la que había sido director.
Señalamientos de persecución política
Antes de someterse a sus antiguos compañeros de uniforme, Ramírez Landaverde dejó un escrito en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en el que aseguró que el gobierno Bukele había ido tras él porque, cuando fue ministro de seguridad y jefe máximo de la inteligencia policial, descubrió que el movimiento que arropó al presidente en su ascenso político había hecho pactos con las pandillas.
“Por las responsabilidades que ocupamos en el ministerio de Justicia y Seguridad Pública y en la Policía Nacional Civil… recibimos información de las instituciones y entidades responsables de la inteligencia y de otras a cargo de la obtención, análisis y procesamiento de información sobre peticiones, pláticas y entendimientos entre miembros de pandillas con representantes del movimiento político que participaría en las presidenciales de 2019 y que ahora es el partido en el gobierno”, escribió Ramírez a la PDDH el 5 de octubre de 2021.
Cuando Ramírez escribió aquello, la fiscalía salvadoreña llevaba ya casi tres años investigando los vínculos entre el entorno Bukele y los liderazgos de la MS13. Esos expedientes se abrieron entre 2016 y 2017, cuando el actual presidente era alcalde de la capital, San Salvador, y algunos de sus colaboradores más cercanos se reunían con miembros de las pandillas para, entre otras cosas, preparar colaboración de cara a las elecciones presidenciales de 2019. Eso fue lo que descubrieron los agentes de inteligencia policial y penitenciaria que trabajaban para Ramírez Landaverde.
Como centeneras de personas que fueron arrestadas durante el régimen de excepción, Ramírez Landaverde no ha tenido contacto directo con sus familiares desde que lo metieron en la cárcel, tampoco con sus médicos.
En el escrito que presentó ante la PDDH poco después de ser acusado por el fiscal de Bukele, Ramírez no entró en detalles sobre el tipo de información que sus agentes recolectaron sobre el pacto del gobierno con las pandillas, pero sí señaló que ese era uno de los principales motivos de su arresto. Con eso coincide el Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), una de las pocas organizaciones que defiende los derechos a exfuncionarios que han sido arrestados durante el gobierno Bukele y permanecen de forma indefinida en las cárceles sin que la fiscalía pueda probar las acusaciones que les hace. En diciembre de 2023, horas después de que un juez ordenó la liberación de Ramírez que el Ejecutivo se ha negado a hacer efectiva, COFAPPES acusó al gobierno de Bukele de secuestrar al exdirector policial. Ni la Dirección General de Centros Penales ni Casa Presidencial en El Salvador han respondido a solicitudes para comentar sobre este caso.
COFAPPES y otras tres organizaciones de derechos humanos que trabajan con los presos en El Salvador denunciaron el 18 de abril pasado que son víctimas de persecución y de vigilancia por parte el Organismo de Inteligencia del Estado, que depende directamente de Casa Presidencial.
El de Ramírez no es el único caso de funcionarios o exfuncionarios de alto perfil que terminaron en la cárcel después de confrontar al gobierno de Nayib Bukele o a sus colaboradores más cercanos. Peor suerte que el exjefe policial han corrido, por ejemplo, Ernesto Muyshondt, el político de derecha que sucedió a Bukele en la alcaldía de la capital San Salvador y fue su aliado hasta que entraron en contradicciones públicas que terminaron con el arresto de Muyshondt, quien sigue preso a pesar de que, como ocurre con Ramírez, algunos plazos de detención en su caso ya vencieron.
Otro que terminó arrestado fue Alejandro Muyshondt, primo de Ernesto, quien fue asesor de seguridad de Bukele y uno de sus principales colaboradores en temas de inteligencia política. Este exfuncionario, quien también entró en contradicciones públicas con algunos de los políticos y propagandistas más influyentes del gobierno, fue arrestado en agosto de 2023 bajo cargos de revelación de secretos de Estado. En febrero de este año, las autoridades entregaron su cadáver a su familia.
A diferencia de los Muyshondt, Mauricio Ramírez Landaverde nunca fue aliado político de Bukele y su gobierno.
¿Qué descubrieron las investigaciones iniciadas por la inteligencia policial?
Nayib Bukele, hoy reconocido en el mundo como un presidente exitoso en materia de seguridad pública, es dueño de uno de los índices de popularidad más altos en la política continental. En febrero de este año se reeligió para un segundo periodo de cinco años a pesar de prohibiciones constitucionales. Frente a él, su principal reto parece ser la economía, y, en su pasado reciente, los pecados más importantes siguen siendo el pacto que armó con las pandillas y casos de corrupción masiva atribuidas a él, a sus hermanos y los funcionarios más íntimos.
Bukele ganó la presidencia la primera vez, en 2019, con una plataforma montada alrededor de la lucha contra la corrupción. Una de sus grandes promesas fue ayudar a crear una oficina supranacional de investigación que ayudase a la fiscalía local a combatir la corrupción y los delitos de cuello blanco. Cumplió: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), auspiciada por la Organización de Estados Americanos, se instaló en el país pocos meses después de la juramentación de Bukele.
Pero la CICIES duró poco. Un año y medio después, en junio de 2021, el fiscal general nombrado por Bukele daba por terminado el acuerdo con la OEA que dio vida a la comisión y enterraba al menos 11 expedientes de gran corrupción abiertos a funcionarios cercanos al presidente.
Con los insumos dados por CICIES, la fiscalía salvadoreña, antes de que Bukele la controlara, había abierto expedientes propios, entre ellos dos que de alguna manera están relacionadas con Mauricio Ramírez Landaverde, el exdirector policial que ahora languidece una cárcel sin acceso a defensa ni a atención médica, y lo que sus subalternos encontraron.
El primer expediente es el del pacto pandillero de Bukele, cuya investigación inició con insumos de la inteligencia policial en los días en que Ramírez la dirigía. Seguimientos hechos por esos agentes permitieron descubrir entre 2016 y 2017 que funcionarios cercanos a Bukele, quien entonces era alcalde de San Salvador, se reunían con líderes de la MS13 y el Barrio 18 en la ciudad para obtener, a cambio de beneficios económicos, la venia de los pandilleros para ejecutar proyectos de infraestructura en territorios controlados por ellos. Con eso datos, la fiscalía, apoyada por agentes estadounidenses que investigaban el alcance de estas pandillas en ciudades como Washington, DC, Nueva York, Houston o Los Ángeles, alimentó sus expedientes.
El segundo caso involucra a Osiris Luna, a quien Bukele nombró viceministro de seguridad y jefe de prisiones. CICIES, la fiscalía e incluso las oficinas de inteligencia de casa presidencial, cuando Bukele era ya mandatario, descubrieron que Luna estaba implicado en un esquema de corrupción con el que creó plazas fantasmas para apropiarse de dinero destinado a salarios y desvío fondos de la compleja red de tiendas penitenciarias a cuentas de testaferros. Agentes de inteligencia penitenciaria que habían trabajado con Ramírez Landaverde fueron los que dieron los primeros insumos de estos delitos a los fiscales que investigaban a Luna, a quien el gobierno de Joe Biden en Washington ha sancionado a través del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado.
Osiris Luna nunca ha sido investigado en El Salvador y se mantiene en su puesto como jefe del sistema penitenciario, eje central de la política de seguridad de Nayib Bukele. Uno de los presos en esas cárceles es Mauricio Ramírez Landaverde, el policía que descubrió trapos sucios al gobierno actual.
