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El PP pedirá formalmente en el Parlamento de Galicia que el Gobierno de España, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) ha reconocido que la Comunidad tiene las competencias en materia del litoral, traspase los medios materiales y personales necesarios para gestionar su costa.
En este sentido, el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos, ha criticado que el BNG haya vuelto a presentar, “por tercera vez”, una proposición de ley pidiendo al Gobierno de España esta transferencia sobre el litoral, haciendo “oídos sordos” a la sentencia del TC que reconoce que “esas competencias” ya residen en la comunidad.
Pazos ha arrancado la rueda de prensa de este viernes felicitando en el nombre de todo el Grupo Popular a los diputados que esta semana han dejado el Grupo para asumir nuevos cargos en el Gobierno gallego, y ha aprovechado para dar la bienvenida también a quienes les sustituirán en sus escaños, que cumplimentarán la documentación para tomar posesión en el próximo pleno.
Más allá, el portavoz popular ha manifestado su satisfacción por la sentencia del TC y ha felicitado “al Gobierno de Alfonso Rueda y a los técnicos y especialistas que elaboraron la Ley gallega del litoral y defendieron a Galicia ante el ataque que perpetró el Gobierno central contra su autogobierno, porque su eficacia y buen trabajo tuvo como recompensa el reconocimiento del máximo tribunal de justicia español”.
“Consiguieron sacar adelante una norma sobre la que el Gobierno de Pedro Sánchez se negó a dialogar y negociar, al tiempo que reconocía la otras comunidades estas mismas competencias, a pesar de que sus Estatutos de Autonomía tengan exactamente la misma redacción en esta materia que el gallego”, ha esgrimido.
A LA ESPERA DE DISCULPAS
Pazos ha manifestado que el PPdeG sigue a la espera de que tanto el BNG como el PSdeG presenten “sus disculpas”, tanto a la Xunta como a todos los gallegos, “por despreciar el Estatuto de Autonomía y demorar la aplicación de la ley del litoral insistiendo en la necesidad de un engorroso proceso de transferencia que no es necesario”.
En concreto, sobre el BNG, ha ironizado con que su defensa del autogobierno de Galicia se tradujo, de manera sorprendente, en el registro y debate en el Parlamento gallego de dos proposiciones de ley a través de las que pedían la tramitación en el Congreso de la solicitud al Gobierno del Estado de la transferencia de las competencias sobre el litoral”.
Ambas iniciativas fueron rechazadas porque, ha defendido, “retrasarían sine die la cesión de las competencias sobre el litoral a Galicia, cuando, como les repetimos incansablemente, estas competencias ya están recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía”. “Pero han vuelto a presentar por primera vez la misma proposición de ley y les volveremos a decir que no”, ha apostillado.
Con respecto a los socialistas gallegos, Alberto Pazos ha enfatizado que “pasaron en un primer momento de dividirse sobre la necesidad o no de reformar el Estatuto de Autonomía para que Galicia tuviese competencias sobre su litoral, a posicionarse, con la llegada de (José Ramón Gómez) Besteiro a la Delegación del Gobierno, totalmente a favor de reformar el Estatuto para asumir estas competencias”.
“Felizmente, la sentencia del Tribunal Constitucional echó abajo las pretensiones tanto de nacionalistas como de socialistas y reconoció que el Estatuto de Autonomía ya recoge las competencias de Galicia sobre su litoral”, ha incidido.
“Ahora queda pendiente que el Gobierno de Pedro Sánchez dé el trato que se merece a Galicia y traspase los medios materiales y personales necesarios para gestionar su costa, en iguales condiciones y con la misma tramitación que las comunidades que recibieron antes estos servicios a través de un real decreto”, ha reivindicado.
Con este objetivo, ha recalcado que el Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento gallego, “donde se podrá volver a comprobar de qué lado están el BNG y el PSdeG: si siguen con su negativa a reconocer las legítimas competencias que tiene Galicia en su Estatuto o se suman al PPdeG pidiendo al Gobierno central la transferencia de los medios necesarios para ejercer sus competencias, poniéndose del lado de los gallegos y defendiendo sus intereses”.
