Madrid, 11 jul (EFE).- El PP va a pedir en los próximos días la recusación de dos magistradas del Tribunal Constitucional (TC), Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer, y que su presidente, Cándido Conde-Pumpido se aparte de los recursos que afecten al caso de los ERE.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha anunciado esta decisión en una rueda de prensa este jueves en el Congreso de los Diputados, en la que ha repasado la trayectoria profesional de estos magistrados y su vinculación con el PSOE o con el proceso judicial de la trama por la que fueron condenados dirigentes socialistas en Andalucía.
El PP ha recordado que Cándido Conde-Pumpido se abstuvo cuando la causa de los ERE llegó al Tribunal Supremo porque habiendo sido fiscal general del Estado “participó en la tramitación de este asunto” sostiene que tendría que haber hecho “exactamente lo mismo en esta ocasión como presidente del Constitucional”.
De Inmaculada Montalbán el PP ha denunciado que presidió la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y “fue ponente o participó en al menos 22 sentencias relacionadas con los ERE”, mientras a María Luisa Balaguer la cuestionan por haber sido consejera del Consejo Consultivo de Andalucía y fue ponente de 28 dictámenes sobre toda la casuística del caso de los ERE.
El dirigente del PP también ha puesto en cuestión a otros dos magistrados del TC, Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano, a los que todavía no pedirá recusar, aunque el partido de Alberto Núñez Feijóo no descarta ampliar sus acciones a este respecto.
De Campo, quien fuese ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha denunciado que pasó del Ministerio al Constitucional y que además fue director general de Justicia con el presidente andaluz Manuel Chaves “en el periodo investigado por los ERE” y secretario general de Relaciones con el Parlamento entre 2014 y 2015, cuando la Cámara abordó en muchas ocasiones la trama.
De Segoviano apuntan además que como magistrada de la sala de lo social del Tribunal Supremo firmó dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE.
El PP argumenta que estos miembros del Tribunal Constitucional, “han participado anteriormente en decisiones de este caso, no deben participar en la votación en el Constitucional” para garantizar la “obligada apariencia de imparcialidad” que tiene que tener este órgano.
El principal partido de la oposición ha argumentado que el de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de España que más de 20 juzgados, incluidos la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremos “confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación”.
“Lo que el Constitucional no puede convertirse es en un órgano de relectura o de segunda lectura o de revisión de las sentencias, no del supremo, sino de 20 tribunales que ya hablaron en el mismo sentido”, ha recalcado Bendodo, apuntando a que hasta 70 familiares y personas vinculadas con el PSOE se beneficiaron de “ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones”. EFE
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