El Senado sancionó este jueves la ley que amplía registro de datos genéticos, con foco en el ADN de violadores. Es una de las iniciativas del paquete libertario relacionado con seguridad, en una votación que recibió 39 adhesiones y ningún rechazo. A contramano de todo, se abstuvo el kirchnerismo.
A pesar de la buena noticia para el oficialismo, la ley no contentará del todo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya que la tutela del mismo no dependerá de su cartera, sino que continuará en manos de Justicia, que comanda Mariano Cúneo Libarona. Este punto fue impulsado por la oposición en el recinto de Diputados y la Cámara alta ratificó esa postura para evitar dilaciones.
El registro en cuestión “funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán firmar convenios” con “el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios”, según consta en el primer artículo de la sancionada ley.
La norma deja en claro que el registro almacenará y sistematizará los siguientes perfiles genéticos: “asociados a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial y que no se encontraren vinculados con una persona ya identificada judicialmente como imputada”; y “de las víctimas de un delito obtenido en la escena del crimen”, siempre que la misma “hubiera dado su consentimiento expreso”.
Mismo caso para “cadáveres o restos humanos no identificados”; de personas con algún familiar “desaparecido o extraviado”; y de “personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad federales, funcionarios y empleados del Poder Judicial que intervengan en las investigaciones criminales”, con algunas especificaciones relacionadas, por ejemplo, con menores de edad.
Debate
Como miembro informante, la senadora radical y titular de la comisión de Seguridad, Carolina Losada, explicó que la “tasa de impunidad en homicidios es del 40%” y que hay en la actualidad “1777 chicos desaparecidos, con búsquedas activas”. “No nos podemos quedar en lo que era antes”, advirtió, y remarcó que en varios países del mundo -Brasil, Uruguay, Chile, Estados Unidos, España, entre otros- y las provincias de Mendoza y La Pampa ya cuentan con este sistema.
Sobre la experiencia en Mendoza, Losada detalló que desde 2016 a la fecha se resolvieron 4.000 casos y contó que, en Uruguay, el caso del atroz asesinato de Lola Chomnalez -su madre estuvo presente en el recinto- se resolvió, tras años de investigación, gracias a este tipo de registro. Desde la UCR también defendió el proyecto el bonaerense Maximiliano Abad, quien habló de “innovación y perfeccionamiento del Estado”.
“Estamos amagando. Es un paso adelante, pero en realidad, estamos retrocediendo varios pasos”, manifestó el cristinista Oscar Parrilli. El legislador fue el único kirchnerista que de manera muy esporádica participó de la discusión de días atrás. Según el neuquino, los errores del proyecto apuntan a contemplar a todos los delitos -buscó, sin éxito, que se contemplaran los graves- y “vulnerar la presunción de inocencia”, con un “mapeo de imagen para todos los ciudadanos”.
Parrilli solicitó que la ley volviera a comisión y retornar al recinto en 30 días: perdió 38 a 22. En el cierre del debate, el jefe libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), aseveró que el registro original fue aprobado en 2013 y que la “tecnología avanzó mucho”. Y resaltó: “La doctrina del Gobierno es ‘el que las hace, las paga’. Los delincuentes serán tratados como delincuentes y las víctimas, como víctimas; los delincuentes en las cárceles y las víctimas, libres para regresar a sus vidas sin miedo”.
Por otra parte, el pleno del Senado aprobó dos pliegos que prorrogan, por cinco años más, a dos magistrados judiciales: el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Sala IV, Jorge Eduardo Morán; y el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Roberto Enrique Hornos.
Morán obtuvo 57 votos a favor y ninguno en contra, mientras que Hornos consiguió 59 adhesiones y dos abstenciones, del peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja). “Ninguno ha recibido ni observaciones ni impugnaciones, así como consultas de la ciudadanía. Al momento de esta sesión, ambos tienen la edad de 74 años”, precisó la titular de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (PRO).
Durante el cónclave además se sancionó la declaración del 15 de noviembre de cada año como “Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes y heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino”. Fue votado de manera unánime por 59 legisladores.
Al inicio de la sesión, el jefe del kirchnerismo en la Cámara alta, José Mayans, denostó el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846/24 del Ejecutivo, sobre canje de deuda pública: dijo que viola la Constitución, que “altera” el artículo 65 de la ley de administración financiera -que habla de mejorar montos, plazos o intereses- y que representa “un abuso”. El formoseño también detalló que, en diciembre pasado, la deuda pública era de u$s 370.000 millones y, en el último informe, u$s 458.000 millones.
Curioso
Después de la sanción de la ampliación del registro de datos genéticos, se blindó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado el 9 de diciembre de 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri, que otorgó una compensación económica a los familiares de los militares asesinados en el ataque montonero del 5 de octubre de 1975 al Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio Warnes”, situado en la provincia de Formosa.
Varios senadores kirchneristas se abstuvieron: Juliana di Tullio (Buenos Aires), María Duré (Tierra del Fuego), Silvina García Larraburu (Río Negro), Nora Giménez (Salta), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Florencia López (La Rioja), Oscar Parrilli (Neuquén), María Pilatti Vergara (Chaco), Fernando Salino (San Luis) y Silvia Sapag (Neuquén). A ellos se sumaron los supuestos “dialoguistas” de Por Santa Cruz José María Carambia y Natalia Gadano, relacionada en el pasado con el PRO.
