Un hombre, vigilante de una finca en Santa Brígida, en Las Palmas, ha sido condenado a 28 años de prisión por el asesinato de su jefe, el abogado Juan Betancor, al que prendió fuego tras rociarlo con gasolina y gasoil, según la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Las Palmas el 10 de septiembre de 2024. El acusado, nacido en Cabo Verde en 1950, fue hallado culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento, así como de detención ilegal y coacciones contra la esposa de la víctima.
El Tribunal del Jurado, presidido por la magistrada Inocencia Eugenia Cabello Díaz, dictaminó que el acusado actuó impulsado por un profundo “odio y resentimiento” fruto de la tensa relación que mantenía con el propietario de la finca en la que el acusado había residido y trabajado durante 16 años. La sentencia recoge que el jefe “no le pagaba el salario que correspondía al trabajo que realizaba en la finca” y que “nunca le arregló sus papeles” pese a que tenía permiso de trabajo y residencia en vigor.
El crimen tuvo lugar el 29 de mayo de 2022. Como recoge la sentencia, Cuando vio que la víctima salía de su vivienda y se dirigía hacia él, lo esperó en un pasillo estrecho con un cubo de gasolina y gasoil. Al encontrarse, le arrojó el contenido por todo el cuerpo y lo prendió fuego con un encendedor. Tras el ataque, la víctima reaccionó dirigiéndose a un aljibe que tenía en su finca y metiéndose dentro con intención de apagar las llamas con el agua. La víctima fue encontrada con vida y trasladada al Hospital Universitario La Paz de Madrid. Sin embargo, falleció el 31 de mayo debido a un fallo multiorgánico causado por las quemaduras sufridas.
En el transcurso de los hechos, el acusado también amenazó a la mujer de la víctima con un cuchillo, impidiéndole inicialmente escapar. Sin embargo, la mujer logró huir de la finca y alertar a los vecinos, quienes llamaron a la Guardia Civil.
Delito de asesinato, coacciones y detención ilegal
El juicio, celebrado entre el 5 y el 12 de julio de 2024, contó con la participación del Ministerio Fiscal, representado por Cristina Coterón Romero, que solicitó una pena de 24 años por asesinato, un año y seis meses por amenazas y cinco años por detención ilegal. El jurado emitió su veredicto de culpabilidad el 11 de julio, tras valorar las pruebas presentadas, incluidas las declaraciones de testigos y peritos, así como los testimonios de los implicados.
Durante el juicio, la defensa intentó argumentar una disminución de la capacidad del acusado debido al consumo de drogas y alcohol. Sin embargo, el tribunal desestimó esta alegación al no encontrar pruebas suficientes que respaldaran dicha afirmación.
La sentencia dictada por el Tribunal del Jurado impone al autor de los hechos una pena de 23 años de prisión por el delito de asesinato, sumada a otros cinco años por los delitos de coacciones y detención ilegal. Además, el condenado no podrá acercarse a la mujer de la víctima durante 33 años, y se le ordena pagar una indemnización de 100.000 euros a la viuda por los daños morales ocasionados.
