La tarde del pasado lunes 20 de mayo se registró una explosión en el grifo Espinoza S.A.C. o GESA ubicado entre las avenidas Pachacutec y Lima (Atocongo), en el distrito de Villa María del Triunfo.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, comunicó que el incendio afectó a 426 personas en total, pertenecientes a 98 familias. Indicó que un edificio de 4 pisos quedó inhabitable debido a la explosión y que en dicho inmueble residían 8 familias, compuestas por aproximadamente 40 personas.
La emergencia también causó la muerte de una persona y dejó al menos 27 heridos, quienes fueron trasladados a los hospitales más cercanos para recibir atención médica. Se informó que al menos 7 de los heridos están en estado grave debido a quemaduras.
Aunque la empresa GESA comunicó que activó con sus pólizas de seguro para comenzar a reparar a los heridos y damnificados de este grave hecho, las quejas continuaron de parte de los vecinos.
En ese sentido, es necesario conocer que las personas afectadas tienen derecho a denunciar lo ocurrido por la vía penal y civil, con el objetivo de buscar reparaciones económicas, que cubran las pérdidas materiales y servicios médicos.
Infobae Perú conversó con el abogado penalista Jonathan Correa, del estudio Ugaz Zegarra, acerca de las acciones que pueden tomar los ciudadanos perjudicados.
El letrado hizo hincapié que las causas de la explosión en el mencionado grifo aún permanecen en investigación, por lo que todavía no se puede afirmar si se trata de un hecho negligente. Sin embargo, precisó que si esto queda demostrado la empresa puede ser denunciada por los delitos de homicidio, lesiones y delito contra la seguridad pública.
Para determinar que el crimen fue homicidio doloso, es necesario que el Ministerio Público demuestre que la empresa GESA sabía que habían deficiencias en el establecimiento, que podían generar una explosión de tal magnitud y, por consiguiente, daños materiales y pérdidas humanas.
“Hay vecinos que han dicho que es reiterativo, que este grifo ya ha tenido fugas antes y si se llega a determinar eso significa que la empresa conocía de estas deficiencias, sabía que podía ocasionar este peligro y conociendo ello ha seguido haciéndolo. Ese delito puede castigarse hasta con 15 años de cárcel”, agregó.
En el caso del delito de lesiones dolosas, el abogado informó que, de comprobarse que la empresa es la responsable, puede determinarse una sentencia de hasta 8 años de prisión.
Debido a que la explosión atentó contra los vecinos que residen alrededor del grifo, es posible que la empresa sea procesada penalmente por el delito contra la seguridad pública, que puede ser castigado con 10 años de cárcel como máximo.
“Podríamos hablar de posibles responsabilidades de dos entidades. Una es del municipio porque ellos entregan la licencia del funcionamiento y supuestamente deben generar supervisiones a los establecimientos que realizan comercio con esta licencia. De no haber fiscalizado por alguna razón, sí podría caerle algún tipo de responsabilidad administrativa o penal”, indicó.
La otra entidad que puede ser cuestionada por este hecho es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), ya que su función es determinar que empresas como GESA cumplan con requisitos que aseguren el buen tratamiento del combustible.
Para que los ciudadanos accedan a una reparación civil y logren una sanción para la empresa, es necesario que denuncien los hechos ante el Ministerio Público. El abogado Correa indicó que deben acudir con pruebas, como videos y fotografías, que demuestren los daños a sus viviendas; también tienen que presentar pruebas de pagos de servicios médicos, en el caso de personas que quedaron heridas o fallecieron por la explosión.
“Con eso debo dirigirme a la Fiscalía y generar mi denuncia por lesiones graves, por consecuencia de haber sufrido los daños por la explosión. A partir de eso, pedir al fiscal que abra la investigación y que pidan información a Osinergmin, que supuestamente es el órgano encargado de determinar las causas”, afirmó.
También será necesario que exijan al fiscal que se contraten a peritos que evalúen el estado de las viviendas, pues así se podrá conocer si son habitables.
Como parte del proceso penal que cualquier víctima de este hecho puede iniciar, también es posible que exijan una reparación civil en la misma carpeta fiscal o lo hagan mediante una demanda civil.
Al respecto, el abogado civil Roberto Shimakuburo aseguró que los afectados deben identificar los daños materiales sufridos, que pueden ser viviendas, electrodomésticos u otros objetos de valor.
“Y de ahí lo que tendrían que hacer es de manera directa contactarse con el responsable del accidente y pedirle voluntariamente que proceda a la indemnización y al pago de los mismos. Si el responsable no quiere enfrentar los pagos, lo que va a tener que hacer (el damnificado) es acudir a las vías ilegales pertinentes. Lo primero debería hacer es una conciliación extrajudicial en la que se busque llegar un acuerdo. En caso de que ocurra, ya tendrían que ir al Poder Judicial para poder reclamar el pago de esos daños”, explicó.
