Una madre y tres familias se encuentran en una situación desesperada desde hace más de un mes tras la desaparición de sus hijos, quienes fueron vistos por última vez el 5 de mayo.
De acuerdo a un informe de Exitosa, los cuatro jóvenes se dirigían al distrito de Buldibuyo en Pataz, provincia asediada por la minería ilegal en la región La Libertad, para trabajar en una mina conocida como ‘La Gringa’.
Sin embargo, poco después, el vehículo en el que se trasladaban fue encontrado calcinado. Las familias han expresado su descontento con el accionar policial, ya que aseguran no recibir apoyo de las autoridades.
“Yo no veo que esté haciendo algo la Policía. No sé por qué, quizás están comprados, les están pagando, ¿por qué no hacen nada? Queremos saber si está vivo o muerto, pero queremos, aunque sea, su cuerpo”, comentó. Ahora, solicitan la intervención de la presidenta Dina Boluarte para intensificar la búsqueda.
Familias apuntan a sospechoso y denuncian a efectivos
Desde el primer día de la desaparición, los familiares han señalado a Reynaldo Fernández Sandoval como el principal sospechoso. Según los denunciantes, Fernández es propietario de la mina ‘La Gringa’ y ha sido acusado de secuestrar a las víctimas. Pero, a pesar de las imputaciones, Fernández se encuentra en libertad, de acuerdo a Exitosa.
“Señor tal Fernando, él los tiene secuestrados y no los quieren soltar, es una mina ilegal. Nosotros estamos pidiendo justicia. Que la policía, por favor, haga su trabajo y vaya allá a la mina”, manifestó una familiar.
En esa línea, recientemente, los familiares acudieron a la Tercera Macroregión Policial para exigir una respuesta del general PNP José Zavala Chumbiauca, quien les respondió que ya cumplieron con su obligación al entregar toda la información al Ministerio Público y la Fiscalía, y, por ahora, no hay más diligencias que realizar.
Pero los familiares no se han quedado con los brazos cruzados, pues, han optado por denunciar a los efectivos policiales involucrados en el caso, así como a la fiscal Yudith Campos, acusándolos de encubrir evidencias para resolver la búsqueda de sus seres queridos.
General PNP envuelto en controversia
El 5 de mayo, cuando los familiares reportaron los hechos inicialmente, se informó que fueron seis los trabajadores mineros secuestrados, de los cuales dos lograron ser liberados. Estos denunciaron haber sido despojados de todas sus pertenencias, mientras que el paradero de las otras cuatro personas seguía siendo desconocido.
Sobre ello, el general José Zavala Chumbiauca indicó en una conferencia de prensa que los responsables del delito eran rondas campesinas locales. “Los ronderos de la zona los han retenido porque, para ellos, estas personas habrían cometido algún delito”, declaró Zavala, quien también afirmó que estos mismos grupos incendiaron el auto en el que se transportaban los trabajadores mineros.
No obstante, esta versión fue rápidamente desmentida por Edwin Ramos de la Cruz. “No es así, señor general. A todos no nos han soltado, solo a dos”, aseveró el joven en diálogo con Exitosa. Además, añadió que otro trabajador fue liberado el 9 de mayo, sin brindar más detalles por posibles amenazas.
¿Qué pasa en Pataz?
En Pataz, grupos involucrados en la minería ilegal han derribado 15 torres de alta tensión con el fin de ganar terreno en la provincia, además de causar la muerte de 17 personas en lo que va del año.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz Colchado, ha explicado que dos de las principales causas de estos hechos radican en el alto precio del oro y la ineficaz formalización de la minería a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Por su parte, Greco Quiroz, expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad, ha advertido que la falta de control policial y fiscalización por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) facilitan estas actividades ilícitas, que a su vez financian al crimen organizado.
Por ello, Rubén Vargas, exviceministro del Interior, indica que para enfrentar la minería ilegal es necesario que el Gobierno aborde el tema desde un enfoque integral y coordinado que garantice la protección de la economía formal, el medio ambiente y la seguridad regional.
