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Fiscalía destapa el modus operandi de Dina Boluarte en la recepción de Rolex y joyas, el “cuerpo del delito”

La Fiscalía de la Nación ha determinado que los artículos de lujo, incluidos relojes Rolex y joyas como una pulsera Bangle y aretes de argolla de oro amarillo, utilizados por la presidenta Dina Boluarte y valorizados en unos US$ 32,000, representan “el cuerpo del delito” en vez de un caso de enriquecimiento ilícito.

Según información fiscal difundida este jueves por El Comercio, la mandataria incrementó su patrimonio de manera ilegítima, a través de bienes de lujo recibidos durante más de diez meses entre 2023 y 2024. Estos bienes provienen de “donaciones” efectuadas por el gobernador Wilfredo Oscorima, vinculadas a la emisión de Decretos que favorecían al Gobierno Regional de Ayacucho con aumentos en partidas presupuestarias.

El Ministerio Público indica también que la práctica adoptada por la jefa de Estado, consistente en aceptar y efectuar “donaciones”, constituye un “modus operandi” de acciones ilegales que implican abuso de su función pública. Tales acciones, si bien autónomas y efectuadas en distintos tiempos, se consideran como un delito continuado.

“En ese sentido, si se toma como referencia nuestra Constitución […] tenemos que, la actuación al interior de la administración pública tanto de la investigada Boluarte Zegarra como Oscorima Núñez, más allá de su supuesta ‘amistad’, debía sujetarse a un ‘compromiso de lealtad con los valores y principios sobre los que se asienta el Estado Peruano’”, señaló el fiscal general interino, Juan Carlos Villena, en la disposición de ampliación de la investigación.

Dina Boluarte

De acuerdo con el informe de la Secretaría General del Ministerio de Economía, entre 2022 y 2024, el Gobierno Regional de Ayacucho presentó 144 solicitudes de presupuesto adicional, de las cuales 45 fueron aprobadas. Durante el 2023, en la administración de Boluarte, se aprobaron ocho de estas solicitudes a través de seis Decretos Supremos y dos Decretos de Urgencia.

Estas autorizaciones son interpretadas por la Fiscalía como “evidencia del ejercicio de poder” en favor de la región sureña. Villena enfatizó que la actitud de la gobernante subraya su rol decisivo en asegurar el presupuesto para Ayacucho, lo que demuestra su influencia en las decisiones presupuestales.

Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, en el Palacio de Gobierno, Oscorima entregó a Boluarte diversas joyas y relojes Rolex. La primera entrega fue un Rolex Datejust de oro rosado, luego le siguió con aretes de oro amarillo con brillantes, después una pulsera Bangle adornada con 94 brillantes, continuó con un Rolex Datejust Oyster Perpetual y, finalmente, entregó un Rolex Day Date President en 2024.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, habla durante una rueda de prensa en el palacio de gobierno tras su declaración en la audiencia de la fiscalía sobre una investigación por posesión de joyas caras, entre ellas relojes Rolex y una pulsera Cartier, en Lima, Perú, el 5 de abril, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, habla durante una rueda de prensa en el palacio de gobierno tras su declaración en la audiencia de la fiscalía sobre una investigación por posesión de joyas caras, entre ellas relojes Rolex y una pulsera Cartier, en Lima, Perú, el 5 de abril, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda (Sebastian Castaneda/)

Según la tesis fiscal, estos obsequios buscaban incentivar o agradecer a Boluarte por la firma de decretos que autorizaban la asignación presupuestaria. Justo cuando se difundió el caso, denominado ‘Rolexgate’, la mandataria se sintió “obligada” a devolver los bienes. La acción contradice su declaración del 5 de abril, en la que afirmó haber retornado los bienes “a fines de febrero o primeros días de marzo”, una versión que el fiscal ha descartado.

Mateo Castañeda, abogado de Boluarte, no emitió comentarios al diario. Por su parte, Humberto Abanto, representante legal de Oscorima, refutó la hipótesis del modus operandi al considerarla absurda por sugerir que la presidenta podría emitir decretos de urgencia sin la participación ni el refrendo del de los órganos técnicos del portafolio de Economía.

De igual modo, consideró que la posición del Ministerio Público expresa un profundo desconocimiento del procedimiento presupuestal peruano y “supone atribuir al presidente de la República potestades presupuestales propias de una monarquía absoluta”.

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