El Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional han anunciado un acuerdo para una prórroga “técnica” del alto el fuego que expiraba este mismo sábado.
Ambas partes han aceptado la propuesta de la ONU y la Conferencia Episcopal colombiana de prolongar el cese de hostilidades unas semanas más con el fin de evitar que se reactive el conflicto mientras se busca una solución a la grave crisis que atraviesa el proceso de paz, informa W Radio.
Esta prórroga sería limitada en el tiempo, bajo los mismos protocolos actuales, y requeriría de un acuerdo bilateral entre las partes. “Somos conscientes de que se ha ido agotando el tiempo para preparar las condiciones necesarias para la nueva prórroga y por esta razón, coincidimos con ustedes en la opción de hacer una extensión técnica del cese al fuego que nos permita desarrollar el encuentro de las jefaturas de las delegaciones”, ha apuntado el Gobierno.
Asimismo, la delegación gubernamental se ha mostrado dispuesta a asistir a la reunión extraordinaria que desde la ONU y la Iglesia se busca organizar para que las dos partes zanjen sus diferencias y se pueda retomar el proceso.
“Queremos expresarles nuestra disposición para llevar a cabo una reunión extraordinaria con la finalidad de retomar la mesa de diálogos y renovar el cese al fuego”, ha indicado.
Adicionalmente, han agradecido a la ONU y la Conferencia Episcopal por los “esfuerzos” que están realizando en estos momentos de incertidumbre por los que atraviesan las negociaciones.
SEGURIDAD DE DESMOVILIZADOS
Por otra parte, la Corte Constitucional de Colombia ha ordenado a los ministerios de Defensa y del Interior reforzar la seguridad de los guerrilleros desmovilizados en virtud del acuerdo de paz de 2016 firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Asimismo ha solicitado un informe sobre la situación actual de los dispositivos de seguridad de los antiguos espacios territoriales de capacitación en zonas del sur de la Amazonía, del noroccidente, suroccidente, nororiente, centro oriente y la Orinoquía, después de que esta última zona, en Miravalle, se hayan detectado riesgos para la comunidad de desmovilizados.
“En el subcomponente de política criminal, la Sala advirtió que, pese a haber remitido información a la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía sobre denuncias y conductas delictivas en contra de la población firmante del Acuerdo, aún no se registran actuaciones judiciales relevantes, como imputaciones, acusaciones o condenas, que den cuenta de un verdadero esclarecimiento de estos hechos y de los fenómenos criminales en cada uno de estos territorios”, ha advertido la Corte.
Igualmente ha emplazado al Ministerio del Interior entregar los informes sobre los avances en las garantías de protección para los firmantes de la paz y qué política pública se tiene al respecto.
