En línea con los escenarios de proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 (MFMP), el Gobierno nacional, mediante el Decreto 766 de 2024, aplazó gastos por $20 billones (1,2% del PIB) garantizando así el cumplimiento de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), en línea con el Plan Financiero 2024.
Se trata de una medida preventiva dirigida a garantizar que el gasto se ajuste a la disponibilidad real de ingresos, frente a la eventualidad de que, al final del año, el recaudo tributario resulte inferior al proyectado.
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El aplazamiento presupuestal contempla principalmente partidas de funcionamiento y cubre algunas asignaciones de inversión aún no comprometidas. Con ello se busca minimizar su impacto sobre la ejecución de programas de gobierno estratégicos, asociados con el impulso de la actividad económica y la transformación productiva con justicia social y justicia ambiental con la cual está comprometido este gobierno. En consecuencia, este aplazamiento presupuestal no afecta proyectos de inversión previamente contratados, que se encuentran en fase de ejecución. Tampoco tiene efectos sobre los sectores de educación, salud ni defensa
“El equipo económico continuará haciendo un riguroso seguimiento de la ejecución presupuestal para identificar el comportamiento de las cifras fiscales y con base en ello, en caso de ser necesario, adoptar los correctivos requeridos para preservar la sostenibilidad financiera estatal en un marco de responsabilidad fiscal”, informó el Ministerio de Hacienda.
Programas no corren riesgo
De igual manera, la cartera explicó que el decreto se centra en las asignaciones que no ponen en riesgo la puesta en marcha de programas estratégicos de inversión pública en lo que resta del presente año.
Según el ministerio, “el 67% de esta medida recae sobre gastos de funcionamiento ($13,4 billones) y el restante 33% sobre el presupuesto de inversión ($6,4 billones)”. Además, “en inversión se aplazan partidas dirigidas a programas que son viables de ejecutar en las próximas dos vigencias, de tal modo que ello no afectará el cumplimiento de las metas estratégicas del programa del Gobierno del cambio”.
Medida tenía aval pleno
Como se recordará, el Consejo de Ministros aprobó a inicio de junio una orden para que todas las entidades del Estado ajusten sus presupuestos con el objetivo de ahorrar un 5,6% debido a la situación fiscal actual del país, ante la reducción del recaudo tributario en marzo, cuando se ubicó en $20,6 billones y cayó 2,92%. La medida pretendía contrarrestar el impacto del menor ingreso fiscal reciente.
El ajuste presupuestal se enfocaba en el presupuesto de funcionamiento e inversión financiado con recursos de la nación, excluyendo los recursos propios de las entidades. Esta disposición fue confirmada por el ministro Ricardo Bonilla en el Congreso, quien destacó que el recorte no afectaría al Sistema General de Participaciones ni reduciría la nómina de funcionamiento para los empleados públicos.
“El recorte corresponde al 5.6% del presupuesto de funcionamiento e inversión financiado con recursos nación”, explicó Bonilla en ese momento en el Congreso, cuando afirmó que las entidades tenían un plazo inmediato hasta el 17 de junio para presentar los detalles precisos del ajuste, elementos que serían revisados de manera conjunta con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Déficit del recaudo tributario
De acuerdo con el funcionario, el objetivo del recorte presupuestal era alcanzar una meta de $20 billones, que permitirá al Gobierno afrontar el déficit por el menor recaudo tributario. “Ya se aprobó el recorte presupuestal por $20 billones, como una partida global”, indicó el 11 de junio el ministro Bonilla durante la sesión conjunta de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes.
La decisión se ratificó en una sesión en la que también se aprobó la ampliación del cupo de endeudamiento por USD17.600 millones solicitado por el Gobierno nacional. Se tenía previsto que el cumplimiento de esta meta se consolidaría con los planes de ajuste que cada entidad debería entregar durante esta semana. El ministro Bonilla resaltó en esa oportunidad la importancia de definir los planes de recorte antes del 12 de junio.
“Queda entre hoy y mañana para que las entidades nos entreguen el detalle”, insistió el ministro esa vez, cuando también resaltó la urgencia y responsabilidad de cada entidad en cumplir con esta medida.
