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Atenas, 30 may. El expresidente de la empresa estatal de Ferrocarriles de Grecia (OSE) Spiros Pateras y otros dos ejecutivos han sido imputados en relación con el accidente de tren en el que murieron 57 personas el pasado febrero.
Los tres han sido acusados de incumplimiento del deber por haber otorgado el puesto de jefe de la estación de Larisa, donde se produjo en siniestro, a un funcionario que no cumplía los requisitos necesarios para obtener la plaza.
Ese empleado, también imputado, reconoció ante la justicia haber colocado un tren de pasajeros en la misma vía por la que circulaba en dirección contraria un convoy de carga, con el que acabó colisionando.
Uno de los requisitos para obtener el puesto era, dado que la estación de Larisa es un punto neurálgico de la red férrea griega, no tener más de 48 años, once menos que la edad del empleado al que se le concedió esa posición.
Según el Código Penal griego, el delito del incumplimiento del deber por un funcionario público puede conllevar una pena de hasta dos años de prisión.
El exjefe de la estación de Larisa se encuentra en prisión preventiva imputado por “homicidio negligente” y otros delitos que podrían acarrearle una pena de entre diez años y cadena perpetua, si es encontrado culpable.
Tras el accidente, la mayor tragedia ferroviaria en la historia de Grecia, el Gobierno del primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, reconoció que en el tramo donde se produjo el choque no existían los sistemas de seguridad pertinentes.
Tras la tragedia se sucedieron masivas manifestaciones contra el Gobierno en las que se exigieron responsabilidades políticas.
El partido de Mitsotakis, el conservador Nueva Democracia, ganó con claridad las elecciones del pasado día 21, aunque la falta de mayorías absolutas ha provocado la convocatoria de nuevos comicios para el 25 de junio. EFE
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