Este negocio, que paga hasta $200.000 a quienes participan en el proceso y $50.000 a quienes los referencian, ha atraído a una gran cantidad de personas diariamente, generando aglomeraciones, invasión del espacio público, inseguridad y conflictos con los residentes, y comerciantes de la zona.
Según Carlos Aranda, miembro de la Junta de Acción Comunal, las filas interminables han afectado la movilidad sobre la carrera 12, donde se encuentra el local.
“Las personas se estacionan en los andenes, los cuales ya de por sí son angostos, obligando a los transeúntes a caminar por la calle, lo que pone en riesgo a los adultos mayores que viven aquí”.
Los vecinos también denuncian un aumento en el consumo y expendio de estupefacientes en los alrededores, acompañado de la presencia de grupos de personas fumando en las esquinas de toda la principal, lo que genera una sensación de inseguridad constante.
Los comerciantes del sector aseguran que sus ventas han disminuido debido al caos vehicular y las aglomeraciones que impide a los clientes acceder a sus negocios.
Además, han reportado amenazas por parte de personas vinculadas al local, quienes, según ellos, también interfieren en el tránsito al convencer a los transeúntes de participar en el proceso biométrico.
“No podemos recibir mercancía ni trabajar con normalidad. Estamos recibiendo amenazas constantemente. Llegamos incluso a poner una denuncia en la Fiscalía y con el Gaula de la Policía”, afirma uno de los comerciantes
La JAC también informó sobre robos recientes en la zona, como el caso de un señor de avanzada edad al que le arrancaron su cadena y le hurtaron su anillo frente a su casa.
A pesar de las denuncias, los residentes no han recibido una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Aunque algunos líderes comunitarios han iniciado una recolección de firmas para exigir el cierre del negocio, las soluciones parecen estar lejos de llegar.
La comunidad pide una intervención urgente para recuperar la tranquilidad, la seguridad y la normalidad en el barrio.
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