Dos años y medio después del balazo policial que mató al adolescente Blas Correas (17) en Córdoba capital, este viernes, desde las 9.30, un jurado popular dará a conocer el veredicto del juicio que se le sigue a 13 policías acusados por el crimen y el intento de encubrimiento (arma plantada incluida) del adolescente.
El debate oral por el crimen de Correas había comenzado en septiembre del año pasado y este 31 de marzo tendrá su último capítulo. Antes del veredicto, los acusados tendrán la oportunidad de decir sus “últimas palabras” ante la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba y del jurado popular que escuchó todas las audiencias y a todos los involucrados. Los jueces, luego, serán quienes impondrán la pena de prisión, en el caso que corresponda.
Hay dos policías apuntados por ser quienes dispararon contra el auto en el que iban Correas (17) y otros cuatro amigos aquella noche de pandemia de agosto de 2020. Se trata de los cabos Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33), sobre quienes pesa el delito de homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego más tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos que iban a bordo del Fiat Argo, también agravado por el uso de arma de fuego y calificado por ser empleados de la fuerza de seguridad.
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Los fiscales del juicio, Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo, pidieron que a estos dos agentes se los castigue con la pena de reclusión perpetua. “Fue una masacre”, habían remarcado en el alegato de inicio del debate oral en la primavera de 2022.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal cordobés solicitaron además entre 5 y 6 años de prisión para el resto de los acusados por participar de un plan torpe y macabro para encubrir el crimen, que incluyó un arma plantada en la escena del homicidio, presuntamente, por la cabo Wanda Micaela Esquivel, y un andamiaje de protección que incluye comisarios y subcomisarios.
Además de Esquivel, Sergio Alejandro González, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga y Jorge Ariel Galleguillo, son considerados por el fiscal que investigó el caso como “autores del delito de encubrimiento por favorecimiento personal” agravado por tratarse de policías y por la gravedad del hecho.
Y, además, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica deberán responder como autores de los delitos de falso testimonio y distintos tipos de encubrimiento, por entorpecer la investigación posterior.
Para todos ellos, Hidalgo además pidió una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. Para él, los policías actuaron de una manera “despiadada y perversa”.
Las defensas pidieron la absolución de los imputados, excepto en el caso de Gómez. Gastón Schonfeld, defensor de este imputado, solicitó que se modifique la acusación de su cliente al entender que, de acuerdo las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, debería corresponder “homicidio agravado con exceso en la función”, o subsidiariamente “homicidio simple con dolo eventual”. Si bien la investigación determinó que la bala que él disparó fue la que mató a Blas, su abogado remarcó que no tuvo la intención de matarlo.
“Su intención fue tirar abajo, a las cubiertas (del auto) y por efecto propio del golpeteo, al momento del disparo, el arma se eleva”, intentó explicar Schonfeld y justificó que por esa razón los proyectiles impactaron en la luneta.
Nicolás Moyano y Hugo Luna, defensores de Alarcón, también pidieron la absolución de los cargos de la autoría y la tentativa de homicidio. Y consideraron que corresponde la acusación de “abuso de armas y daños”.
“La prueba balística determinó que Alarcón hizo un solo disparo, que impactó en la cubierta del automóvil, por lo tanto, no mató a Blas Correas”, remarcó Luna y agregó que “sí hubo exceso en el uso de armas, pero no hubo abuso”.
La madre de Correas, Soledad Laciar, pudo exponer sus últimas palabras delante de los jueces de la Cámara y del tribunal popular. “Pido una sentencia justa. No con ánimo de revancha, sino con búsqueda de justicia y de intentar dejar al descubierto este perverso mecanismo institucionalizado y naturalizado de violencia policial en Córdoba”, dijo la mujer, para quien ese mecanismo “se encargó de matar varias veces” a su hijo y de “mentir una y otra vez sobre los hechos” durante el juicio.
Laciar remarcó que “ha quedado absolutamente demostrado” que los policías “asesinaron y mintieron”, y reconoció que los 13 agentes “de algún modo, han sido víctimas del mismo y perverso sistema que los educó y les enseño a matar y mentir”.
La mujer miró a los ojos a los acusados en su alegato y dijo: “Algunos pasarán varios años y otros el resto de sus vidas en la cárcel por no haber optado en decir la verdad, aún cuando todo lo sucedido y todas sus mentiras, han quedado descubiertas y al desnudo”.
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