Rossi García Ávila
Barcelona, 30 may (EFE).- El posible regreso de Carles Puigdemont, la inhabilitación de Oriol Junqueras, las multas millonarias por el 1-O, las penas de cárcel que se ciernen sobre los manifestantes… la ley de amnistía abre un nuevo ciclo en Cataluña para los independentistas con causas pendientes por el procés.
Aunque no hay cifras oficiales de amnistiables, las que manejan los partidos que negociaron la ley se mueven entre los varios centenares que calculó el Gobierno en marzo a los 1.500 que estima ERC, una vez sumadas a las causas penales las sanciones contables y administrativas. Ninguno de ellos en prisión, aunque los hay con órdenes de búsqueda vigentes.
En concreto, la ley prevé el olvido -traducción de la palabra griega “amnestia”- de los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca desde la organización del 1-0 o las cargas policiales para impedirlo hasta las masivas protestas contra la sentencia y los disturbios que desataron.
PUIGDEMONT Y LOS HUIDOS
La amnistía abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont, siete años después de su huida a Bélgica y tras varios intentos infructuosos de la justicia española por traerlo a España para juzgarle por el procés, que el expresident ha logrado frenar hasta ahora escudándose en su inmunidad como europarlamentario.
Tras las reformas del Código Penal que derogaron la sedición, Puigdemont se enfrenta únicamente a un delito de malversación por el procés, que el Supremo estima agravada, con lo que se expone a penas de hasta 12 años de cárcel.
Con la negociación de la ley de amnistía ya en marcha, Puigdemont sumó otro frente judicial, en esta ocasión por un delito de terrorismo: el que el pasado de febrero le abrió el Tribunal Supremo por su papel en la plataforma anónima Tsunami Democràtic que en 2019 organizó las protestas contra la sentencia del procés.
Y su escenario judicial se ha complicado en los últimos meses a raíz de la investigación de un juez de Barcelona por los supuestos contactos en Rusia para el procés, una causa en la que el expresident está en el punto de mira ante unos indicios que apuntan al delito de alta traición.
También están pendientes de la amnistía otros de los líderes independentistas huidos: los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, investigados por desobediencia y malversación agravada, Clara Ponsatí -en su caso solo desobediencia, que no acarrea prisión- y Marta Rovira, imputada por desobediencia y terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic y que permanece en Suiza.
LOS CONDENADOS DEL PROCÉS
Las penas de inhabilitación que se impusieron a los líderes del procés, que salieron de prisión en 2021 tras los indultos, son también susceptibles de ser levantadas con la ley de amnistía, lo que resulta clave para Oriol Junqueras y Jordi Turull, que siguen en primera línea política como líderes de ERC y Junts, respectivamente, pero sin poder presentarse a las elecciones.
Con las reformas penales aprobadas por PSOE y ERC en la pasada legislatura, se anularon las condenas por sedición a los líderes del procés, pero el Supremo estimó agravado el tipo de malversación por el que fueron condenados los exconsellers por el dinero destinado al 1-O, lo que le permitió mantener las penas de inhabilitación: en 2031 expira la de Junqueras y la de Turull, en 2030.
LOS OTROS ENCAUSADOS POR EL 1-O
Apenas días antes de la aprobación de la ley de amnistía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) señalaba para el 1 de octubre el inicio del juicio contra tres cargos de ERC acusados de planificar el referéndum del 1-O: el diputado Josep Maria Jové, el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga.
El alto tribunal catalán cumplía así con su obligación formal de marcar el calendario del juicio, aunque hay pocas dudas de que es una de las causas que entra de pleno en la amnistía. Jové, uno de los dirigentes de ERC de más peso, se juega 7 años de prisión, Salvadó se expone a más de seis años y Garriga a penas de inhabilitación.
También por los preparativos del referéndum están procesados una treintena de cargos del “sottogoverno” de Puigdemont, una causa que se abrió hace siete años sin que haya salido aún de la fase de instrucción.
A estos implicados por su relación directa con el referéndum se añaden los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, entre ellos la consellera de Feminismos en funciones, Tània Verge. Fue absuelta en 2021, junto a otros cuatro acusados, pero la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio.
LA FACTURA DEL PROCÉS
El miércoles pasado, víspera de la aprobación de la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas dejaba visto para sentencia el procedimiento contable abierto contra 35 ex altos cargos catalanes, entre ellos Puigdemont, Junqueras y el expresident Artur Mas, por el gasto público destinado al procés, una causa en la que la Fiscalía les pide casi 3,1 millones.
La amnistía permitiría dar carpetazo a ese litigio contable y devolver las fianzas millonarias que se exigieron a los encausados, parte de las cuales fueron avaladas por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
No parece que vaya a suceder lo mismo en el caso de la multa de 5 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Mas y a tres de sus consellers por organizar la consulta soberanista del 9N, en 2014, pues la ley precisa que quedan excluidas aquellas sanciones fijadas en sentencia firme.
De esa forma, en las condenas de Mas, susceptibles de ser amnistiadas, la ley no tendrá efectos prácticos sustanciales: las penas de inhabilitación que le impuso el TSJC llevan años liquidadas.
TSUNAMI DEMOCRÀTIC
El último frente judicial al independentismo lo abrió el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que tras varios años investigando a Tsunami Democràtic reactivó la causa hace unos meses, con las negociaciones de la amnistía en curso, al estimar que la organización de las masivas protestas puede suponer un delito de terrorismo.
El magistrado, al borde de la jubilación, remitió la causa al Supremo en lo que atañe a Puigdemont y al diputado de ERC Rubén Wagesberg, ambos aforados, y mantiene abierta la investigación a una decena de personas, entre ellas Marta Rovira o Josep Lluís Alay, asesor del expresidente catalán.
Cinco de ellos plantaron al juez cuando los citó a declarar la semana pasada: el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el empresario Josep Campmajó y el periodista Jesús Rodríguez se han ido a vivir a Suiza, el exconseller de ERC Xavier Vendrell reside entre España y Colombia y el informático Josep Cabaní sigue sin ser localizado.
LOS CDR, TAMBIÉN TERRORISMO
Otra causa por terrorismo es la que tienen abierta los doce CDR para quienes la Fiscalía pide entre ocho y 27 años de cárcel por planear supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña como respuesta a la sentencia del procés.
Sus defensas confían en que los acusados, miembros de una facción radicalizada de los CDR que fueron detenidos en 2019 en el marco de la llamada “Operación Judas”, puedan beneficiarse de una de la rendijas que prevé la ley para el terrorismo: el borrado de aquellos delitos que no hayan supuesto graves vulneraciones de los derechos humanos.
POLICÍAS Y MANIFESTANTES
Por su menor carga política, es probable que las primeras causas en amnistiarse sean las que afectan a los policías nacionales y guardias civiles vinculados con las cargas del 1-O y su reverso, los manifestantes que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en los disturbios que en 2019 encendieron Cataluña en protesta por la sentencia del procés.
La principal causa abierta por la intervención policial contra el referéndum está en manos de un juzgado de Barcelona. Están procesados 45 policías nacionales que podrían ser amnistiados, a no ser que la justicia considere que quedan excluidos por infligir un trato inhumano o degradante a los votantes o causar lesiones a un órgano vital, como sería el caso de los agentes acusados de vaciar un ojo a Roger Español con una pelota de goma.
Por otra parte, son más de 400 los manifestantes implicados en los disturbios del procés que están a la espera de la amnistía, según la plataforma Alerta Solidària que representa en los tribunales al grueso de ellos. Algunos, con condenas que implican su ingreso en prisión, la mayor de ellas de la de Oleksandr S., sentenciado a siete años y medio de cárcel. EFE
rg/rb-lss
