(Desde Washington, Estados Unidos) La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso un proyecto de Resolución encabezado por Estados Unidos que condena el fraude electoral y la represión ilegal cometidos por Nicolás Maduro en Venezuela.
La iniciativa exige a la dictadura “el respeto de los derechos humanos, la voluntad soberana del electorado venezolano y la verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral”.
La propuesta de Estados Unidos estaba respaldada por Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay, y tras una ardua negociación logró que Brasil y Colombia aceptaran la condena diplomática a la dictadura.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Franc Mora, encabezó hoy una nueva ronda de conversaciones para encontrar un punto de inflexión que permitiera sancionar la iniciativa contra el régimen de Maduro. Tras dos horas de negociaciones, Brasil aceptó sumarse al proyecto tras forzar un cambio en los fundamentos del proyecto.
“Fue un debate arduo. Pero garantizamos el proyecto: lo que vale es el articulado”, explicó a Infobae un importante funcionario de la OEA, que conoce todos los secretos de la negociación.
Brasil y Colombia cedieron en sus posiciones al margen del cambio cosmético en los considerandos del proyecto, mientras que México se mostró reluctante ante la posición mayoritaria de la OEA que buscaba una vía diplomática para repudiar a la dictadura de Maduro.
En este contexto, México junto a Honduras, San Vicente y las Granadinas, y Bolivia no participaron de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
La representación mexicana en el foro regional envió al Consejo Permanente una carta de seis párrafos justificando su ausencia en la cita extraordinaria. La comunicación oficial plantea elusivos argumentos formales y otorga credibilidad institucional al Tribunal Suprema de Venezuela, que es un órgano judicial que responde al régimen populista.
La posición de la Casa Blanca era cuestionada por Brasil, Colombia y México, que protegían sus propios intereses geopolíticos. Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen distintas tácticas para abordar la crisis en Venezuela, pero la suma de sus propias agendas domésticas terminan fortaleciendo a la dictadura de Maduro.
Da Silva tiene una relación tensa con Maduro y propone nuevas elecciones o un gobierno de coalición. Estos planteos son cuestionados en el Departamento de Estado norteamericano y por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, los representantes de la oposición venezolana que derrotaron al dictador. Con estas iniciativas políticas, Lula corre a Brasil del bloque de países que presionan al régimen y oxigena a Maduro, que resiste apoyado por China, Rusia, Irán y Cuba.
Petro busca diferenciarse de Lula -disputa su liderazgo regional-, y además de plantear nuevas elecciones y un “gobierno de cohabitación transitorio”, propuso una “amnistía general nacional e internacional” para Maduro y sus socios políticos. Esta iniciativa es rechazada por la Casa Blanca y los opositores González Urrutia y Machado.
“¿Estados Unidos planteó una amnistía para resolver la crisis?”, le preguntaron ayer a John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad de Biden. “Eso no es cierto”, contestó Kirby sin dudar.
López Obrador, a diferencia de Lula y Petro, no presentó una hoja de ruta propia y optó por ampararse en el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países para facilitar la permanencia de Maduro en el poder. El presidente de México es un socio silencioso de la dictadura venezolana.
En este contexto, Brasil, Colombia, México, Bolivia, Santa Lucía, Colombia, Saint Kits y Nevis, Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago se movieron en bloque para trabar la sesión que había sido citada con el objetivo de condenar al régimen. Bolivia tiene una mirada ideológica a favor de Maduro y los países caribeños reciben petróleo venezolano a valores insólitos.
Estados Unidos y sus aliados aprovecharon las horas previas a la reunión extraordinaria para alcanzar un consenso que permitiera sancionar el proyecto condenando a Maduro.
El proyecto presentado por Estados Unidos tiene siete artículos y una redacción liviana para acercar posiciones diplomáticas. La iniciativa, que aprobó hoy en el Consejo Permanente de la OEA, establece:
“1. Reconocer la participación sustancial y pacífica del electorado de Venezuela en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.
2. Insistir con la mayor firmeza que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, especialmente el derecho a reunirse pacíficamente y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios, y el derecho a juicio imparcial sea una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela así como para todos los Estados de las Américas.
3. Llamar a todas las partes interesadas, actores políticos y sociales, con inclusión de las autoridades en Venezuela, a abstenerse de cualquier conducta que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis, respetando la voluntad soberana del electorado venezolano.
4. Solicitar a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela que protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional, y en particular con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
5. Resaltar la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación.
6. Instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que: (a) publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, y (b) respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.
7. Expresar solidaridad con el pueblo venezolano y comprometerse a permanecer atento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela”.
