La ONG Prisoners Defenders (PD) informó este jueves que al cierre de junio registró un total de 1.117 personas encarceladas por razones políticas en Cuba, cuatro más que los incluidos en su reporte mensual anterior.
La organización, con sede en Madrid, detalló que en mayo añadió a su listado cinco personas consideradas presas políticas y que una salió del registro tras el cumplimiento íntegro de la pena impuesta. El informe publicado en la página web de la ONG explicó que 30 menores de edad siguen en la lista de presos, de los cuales 27 cumplen sentencia y tres están siendo procesados penalmente. La edad penal mínima en Cuba son los 16 años.
PD denunció que “14 de los menores han sido ya condenados por sedición”, con una pena media de cinco años de privación de libertad, la mayoría en régimen de “reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento”.
El comunicado añadió que 225 personas -en su mayoría participantes en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021- han sido acusados de sedición, y al menos 223 ya han sido condenados por ese delito, a un promedio de diez años de privación de libertad.
La ONG denunció que ha contabilizado 1.728 personas encarceladas en algún momento por razones políticas en Cuba, “a tres años de las históricas manifestaciones pacíficas del 11J”, las mayores en décadas en la isla, a las que el régimen respondió de manera violenta, con un despliegue policial y paramilitar, resultando en miles de detenciones y encarcelamientos.
El comunicado aclara que en esta cifra global no se incluyen “las detenciones temporales de corta o media duración, sino sólo los procesamientos penales mediante medidas cautelares o sentencias”. Según PD, al cierre de junio se mantuvo en 118 el número de prisioneras (incluyendo menores y dos mujeres trans) que “siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia”.
”Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual”, denunció PD.
La ONG añadió que identificó “304 presos con patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado”, mientras aseguró que “todos están sufriendo diversas patologías médicas por la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y la falta de atención médica adecuada de todos ellos”.
Este lunes, la ONG Amnistía Internacional ha reclamado al régimen de Cuba que ponga fin a su “represión sistemática” de la sociedad civil y libere a todas las personas “injustamente condenadas” solo por “ejercer sus derechos” más elementales.
“Es inaceptable que las autoridades cubanas continúen usando tácticas represivas para silenciar a quienes se atreven a alzar la voz en defensa de sus Derechos Humanos”, ha denunciado la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer.
Amnistía ha señalado que la situación de los Derechos Humanos en Cuba sigue deteriorándose desde que se implementaron nuevas disposiciones legales en 2022. “Esta represión constante para intentar sofocar cualquier forma de disidencia debe detenerse de una vez por todas”, ha exigido Piquer.
Las medidas represivas del régimen de la isla incluyen detenciones arbitrarias, prisión domiciliaria, hostigamientos varios, citaciones y sanciones, así como cortes de Internet en lugares donde se producen protestas espontáneas.
Entre los señalados hay activistas, periodistas, artistas, o intelectuales. Uno de los “casos más notorios”, denuncia Amnistía, es el del “preso de conciencia” y líder de la oposición José Daniel Ferrer García, quien ha estado confinado desde agosto de 2021 en repetidas ocasiones y bajo largos regímenes de incomunicación desde marzo de 2023.
“El número de personas injustamente encarceladas y reprimidas por motivos políticos demuestran la urgente necesidad de desmontar las políticas y el marco legal que facilita la represión en Cuba”, ha dicho, por su parte, Johanna Cilano Pelaez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional. “Muchas de estas personas continúan tras las rejas solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Su liberación inmediata e incondicional y el respeto a su derecho a disentir es esencial para garantizar los Derechos Humanos”, ha afirmado.
Otro de los casos que menciona Amnistía es el de Pedro Albert Sánchez, de 68 años, quien ha sido detenido “múltiples veces” desde 2020 por participar en protestas pacíficas, como las marchas del 11 de julio de 2021, que le han supuesto una pena de cinco años de cárcel por cargos de “desacato” y “desórdenes públicos”.
Amnistía Internacional ha instado al régimen de Miguel Díaz-Canel a que “respete el derecho a la protesta pacífica, ponga fin a la represión hacia quienes disienten y libere a las personas injustamente encarceladas”. Según cifras de organizaciones opositoras, entre 960 y 1.100 personas se encuentran detenidas en Cuba por “razones políticas”, de las cuales 671 permanecen en prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, que se produjeron en medio de la “persistente crisis económica” que afecta a la isla.
(Con información de EFE y Europa Press)