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Brasilia, 10 may. La prensa y los periodistas de Brasil sufrieron en 2022 una media de “150 ataques virtuales” por hora, de acuerdo con un informe presentado este miércoles por la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert).
El estudio, encomendado por la Abert y realizado por la firma de análisis de datos Bites, identificó durante el año pasado más de 1,3 millones de ataques de diversa índole contra periodistas y la prensa tradicional difundidos en redes sociales, que fueron más intensos durante el proceso para las elecciones de octubre.
La mayoría de las descalificaciones, ofensas y hasta amenazas a periodistas y medios fueron atribuidas a seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha derrotado en las urnas por el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
Según el estudio, en los propios perfiles oficiales de Bolsonaro hubo 132 publicaciones de ese tipo, compartidas y amplificadas por comentarios favorables 26,2 millones de veces.
“Como ocurrió en años anteriores, Bolsonaro se mantuvo como el principal emisor de ataques a los medios, y con su capacidad de penetración en las redes amplificó los mensajes contra el periodismo y los periodistas”, sostuvo el director de Bites, Manoel Fernandes, al presentar el informe en la sede de la Abert, en Brasilia.
El estudio se apoyó en publicaciones en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, pero no consideró las difundidas a través de servicios de mensajería, como WhatsApp y Telegram, cuyo tráfico es privado y no puede ser medido.
Más allá de las redes, también fueron citados en el informe 137 casos de “violencia no letal” contra periodistas, como “puñetazos, patadas y empujones”, que se agravaron durante el período electoral.
Los ataques en internet han llevado al Parlamento brasileño a discutir un proyecto de ley que endurece las normas para la difusión de “mensajes de odio” a través de las redes sociales, que en los últimos meses han incluido hasta amenazas a escuelas, que en algunos casos han llegado a sufrir atentados violentos y con muertes.
El asunto ha generado una intensa polémica, sobre todo después de la reacción de algunas empresas, como Google y Telegram, que han considerado esa discusión parlamentaria como un intento de “censura” que pudiera amenazar la “libertad de expresión”.
En ambos casos, han sido determinadas sanciones administrativas diversas, que el ministro de Justicia, Flávio Dino, justificó en lo que calificó de “campañas abusivas y engañosas” contra un debate “parlamentario y democrático” que busca ponerle freno a la masiva circulación de desinformación en internet. EFE
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