(Desde Montevideo, Uruguay) – En año electoral en Uruguay, la Cámara de Comercio y Servicios del país presentó a todos los partidos políticos un documento denominado “Pacto por la Patria”, en el que solicitan mejoras tributarias, en la seguridad y la revisión de los Consejos de Salarios (los órganos de negociación salariales). Además, piden a las colectividades políticas que se evite llegar a una grieta en el país.
“Cuando se entra en una campaña electoral podemos caer en el agravio personal. Lo que estamos pidiendo es el diálogo y que no olvidemos las características de lo que somos nosotros, que es un capital del Uruguay. Por eso llamamos a un acuerdo entre todos y que no entremos en ese campo que no nos gusta”, dijo el presidente de la gremial empresario, Julio Lestido, al presentar los postulados.
En el documento, los empresarios piden que los políticos eviten rebajarse a “una seguidilla interminable de acusaciones y rencillas” y que se enaltezca el diálogo entre oficialismo y oposición por encima de los “enfrentamientos y el obstruccionismo estéril y paralizante”.
La gremial empresarial le propuso a los partidos modernizar el Estado, para que se dedique de forma “exclusiva al servicio de la sociedad” y que se controle la carga tributaria y el “peso del gasto público”. Plantean que debe haber un compromiso para que no aumenten en un futuro y que, por el contrario, se busque “la efectiva reducción de ambos” en un mediano y largo plazo. “Esto debe incluir una revisión a fondo de todas las actividades que el Estado realiza o regula, a todos sus niveles, identificando todo aquello que resulta innecesario o excesivo”, señala el “pacto”.
Los empresarios piden que se mire al mercado laboral con una “óptica amplia, positiva y moderna”, lo que implica una revisión de los actuales Consejos de Salarios, que deben ser adaptados “a la realidad”, opinan. En concreto, impulsan que se descentralice y se desregulen las paritarias y se modernicen “ciertas normas laborales y sindicales” para “evitar limitaciones injustificadas a la libertad de trabajo”.
Otro de los puntos de este pacto se refiere al abordaje de la actividad económica. Consideran que debe apuntar a una “mayor apertura posible, a evitar distorsiones regulatorias y a procurar un tratamiento equilibrado entre sectores y actores”. Para lograrlo, impulsan que se limiten las medidas de protección y los subsidios a “casos de necesidad comprobada”.
Hay un consenso en Uruguay de que es un país “caro” pero en las causas del fenómeno no hay acuerdo. “Ellas exceden el ámbito del reclamo clásico, referido a la política cambiaria. Incluyen factores como los altos costos tributarios y regulatorios. Se impone analizarlos, potenciado por la preocupación, poniendo el foco en la estructura tributaria (incluyendo gravámenes a la mano de obra) y en el universo de regulaciones a la importación y al comercio, que animan situaciones injustificadas de proteccionismo”, explican.
La gremial cree que hay que promover la creación de “valor y trabajo innovador” por parte de las pequeñas y medianas empresas y “atender las brechas de género”. Otro de los puntos refiere a la “cuestión ambiental”, que tiene que ser atendida con la “relevancia adecuada”.
En el documento, los empresarios también expresan preocupación y piden soluciones para otros asuntos, como la seguridad y, en especial, el combate al crimen organizado y la atención del estado crítico de las cárceles uruguayas.
La Cámara de Comercio también hace referencia a “la pobreza y la marginalidad”, para la que consideran que se debe hacer “particular énfasis en la niñez”.
Se debe “poner foco en la formación de nuestros niños y jóvenes, con ánimo constructivo, en carriles de libertad y transparencia, evitando caer en enfrentamientos ideológicos o corporativos que enrarecen el clima y obstaculizan la tarea”.
