Tres demócratas han pedido a un tribunal estatal que obligue al gobernador de Georgia, Brian Kemp (R), a abordar sus quejas éticas acusando a tres miembros de la Junta Estatal de Elecciones de celebrar una reunión ilegal y exceder su autoridad legal al aprobar reglas que, según los críticos, sembrarán caos e incertidumbre en la carrera presidencial.
Los demócratas presentaron una petición el martes por la noche en el Tribunal Superior del Condado de Fulton alegando que Kemp está obligado a celebrar audiencias sobre los asuntos y a destituir a los miembros de la junta si encuentra que violaron la ley estatal.
“Tenemos una junta que parece estar fuera de control, y tenemos una única vía, el gobernador, para removerlos en casos cuando están infringiendo la ley”, dijo Cathy Woolard, expresidenta de la Junta de Registro y Elecciones del Condado de Fulton. “Simplemente, debemos tomar esta acción para intentar obligarlo a hacer su trabajo”, agregó.
En cuestión están tres partidarios declarados del expresidente Donald Trump, quienes en mayo tomaron el control de la junta estatal de cinco miembros e inmediatamente comenzaron a aprobar una serie de reglas que provocaron una oleada de críticas por parte de los funcionarios electorales estatales y locales, así como de republicanos y demócratas.
Una de las reglas permite a las juntas de condado iniciar “investigaciones razonables” antes de certificar sus resultados si creen que ocurrieron irregularidades. Los críticos dicen que la regla podría permitir que las juntas de condado rebeldes no certifiquen sus resultados y muy probablemente fomentaría desconfianza en el resultado presidencial.
Otra regla, aprobada el viernes, requiere que todos los condados cuenten a mano el número de boletas emitidas en cada recinto la noche de la elección o al día siguiente.
Las oficinas del Secretario de Estado Brad Raffensperger y del Fiscal General Chris Carr, ambos republicanos, se han manifestado en contra de las reglas.
La oficina de Carr emitió una opinión afirmando que la junta electoral había excedido su autoridad al aprobar reglas que van más allá de lo que permite la ley estatal. Las reglas son “probablemente el tipo preciso de legislación impermisible que las agencias no pueden hacer”, indicó el memorando.
También se cuestiona una reunión del 12 de julio de la junta estatal a la que asistieron solo los tres miembros pro-Trump, sobre la cual Woolard presentó una queja ética alegando que la reunión no fue debidamente anunciada con antelación y no contó con un quórum presencial. El personal de la junta también asesoró a los miembros de la junta que la reunión no había sido debidamente notificada.
(ERIK S. LESSER/)
Kemp no ha tomado ninguna acción sobre las quejas, excepto buscar consejo de Carr, cuya oficina emitió una opinión diciendo que la ley estatal es ambigua sobre lo que constituye una queja ética “formal”, la cual según la ley estatal debe ser investigada.
“Esto es una cobertura política para él”, dijo la senadora estatal Nabilah Islam Parkes (D), quien también presentó una queja ética y es parte de la petición legal presentada en el tribunal el martes. “No quiere involucrarse en esto, creo porque recibirá represalias de Donald Trump”.
Un portavoz de Kemp no respondió a una solicitud de comentarios.
(*) The Washington Post
(*) Amy Gardner ha trabajado en The Post desde 2005 y actualmente cubre el tema del voto en el equipo de Democracia. Es parte del equipo que ganó el Premio Pulitzer de Servicio Público en 2022 por la cobertura del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Es graduada de 1990 de la Universidad de Pensilvania y vive en Arlington, Va., con su esposo, Bob. Tienen dos hijos.
