Los sindicatos de inquilinos siguen sin poder reunirse con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, una petición que lleva esperando meses, a pesar de que la dirigente socialista ha hecho ya lo propio con entidades relacionadas con el sector de la vivienda. Precisamente, los representantes de los inquilinos estaban citados a una reunión este miércoles por la tarde con la titular de este departamento, pero el ministerio decidió posponer “repetidamente” esta reunión unas horas antes.
Fuentes del equipo de Rodríguez cuentan que la reunión se tuvo que posponer “por motivos de agenda” y se reafirman en su compromiso de retomarla “en cuanto sea posible”. Si bien, esta nueva cancelación (es la segunda vez) se produce el mismo día en el que Rodríguez ha mantenido un encuentro por la mañana con representantes de la plataforma digital de alquiler vacacional Airbnb, en la sede del ministerio. “Este hecho demuestra cómo las políticas de vivienda del ministerio, bajo la dirección de Isabel Rodríguez, se elaboran en colaboración con la patronal inmobiliaria y de espaldas a la ciudadanía”, afearon desde el sindicato.
Además del encuentro con Airbnb, los sindicatos recriminan a Rodríguez sus reuniones con la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas o la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco). También, la visita a las plantas de constructoras, como grupo ANRO, o su participación en foros del Cercle d’Economia en Barcelona.
La ministra de Vivienda propuso este miércoles en una entrevista en Al Rojo Vivo otra nueva medida en esta materia, que consiste en que las universidades privadas que se implanten en cualquier ciudad consten de residencias para no alterar el mercado del alquiler. Esta iniciativa se suma al plan anunciado la semana pasada para poner coto a los pisos turísticos, en el que plantea, entre otras medidas, la obligación de acreditar y justificar el alquiler temporal de una vivienda.
Los inquilinos consideran que el anuncio “superficial” de la regulación de los alquileres temporales es “una evidencia más de esta colaboración, que más allá de echar balones a las comunidades autónomas y ser toda una actuación teatral, esconde detrás una regulación hecha a medida para los especuladores”.
Duras críticas al plan del Gobierno
Sobre el hecho de tener que justificar la causalidad de los alquileres temporales, los inquilinos recuerdan que “ya se prevé la ley” y recuerdan que esta medida desprotege a quienes necesitan una vivienda de uso habitual y “continúa vulnerando los derechos de quienes pueden justificar la causa”. En este sentido, recuerdan que los alquileres temporales han aumentado un 56% en detrimento del alquiler habitual, y el motivo no es una mayor demanda, “sino que quienes especulan con la vivienda los utilizan para aumentar sus beneficios”. En su opinión, este motivo “sigue tensionando el acceso a la vivienda y potenciando el desplazamiento hacia el alquiler temporal”.
Esta plataforma, que recoge sensibilidades de diferentes puntos del país, afea al Gobierno la falta de concreción de las medidas para regular los alquileres temporales, ya que hasta ahora son “solo titulares grandilocuentes sin ninguna medida eficaz detrás”. En este sentido, los sindicatos reclaman acceder al texto con las medidas concretas. “Sin embargo, las promesas de la ministra indican claramente que la regulación propuesta protege los intereses de la patronal inmobiliaria”.
Para esta plataforma, el reglamento propuesto permite seguir utilizando el alquiler temporal para “saltarse la limitación de precios, cobrar honorarios al inquilino o exigir una fianza más alta de la permitida, lo que sigue siendo una brecha para burlar la regulación de precios y aumentar el precio cada año, algo que en un alquiler habitual solo se podría hacer cada cinco años”, añaden estas voces.
Sobre los sistemas de registro y control para los alquileres temporales, los inquilinos advierten de que de “nada sirven” si no se legisla para limitar su uso especulativo y proteger a los inquilinos. “Es como poner un radar de velocidad en una carretera sin límite de velocidad: sirve para contar, pero no para evitar abusos”. Para la plataforma, esta medida “oficializa” un sistema encubierto de licencias que “responde a los intereses de la patronal”. Además, “transfiere el peso y las responsabilidades a las comunidades autónomas y puede tardar mucho tiempo en implementarse, como ya se vio con el índice de alquileres”.
Una ley para presionar al PSOE
Los sindicatos de inquilinos presionan al PSOE con la ayuda de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez con una ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones y limitarlos a un tope de seis meses. Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, y ERC, EH Bildu, Podemos y BNG presentaron en el Congreso esta norma, que obligará a los socialistas a posicionarse.
En esencia, la norma plantea la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual con el fin de desincentivar su uso y evitar fraudes que permitan sortear la Ley de Vivienda o subir los precios de manera continuada.
