Bruselas, 12 jun (EFECOM).- Los Estados de la Unión Europea llegaron este miércoles a un acuerdo sobre las futuras normas para inversores minoristas, que buscan mejorar la información que reciben los clientes sobre los productos financieros y evitar conflictos de interés por parte de quienes se los venden para favorecer que destinen sus ahorros a invertir.
La posición adoptada hoy por los Veintisiete servirá como punto de partida para negociar después con el futuro Parlamento Europeo los textos definitivos incluidos en este paquete legislativo, que forma parte de las iniciativas de la UE para unir sus mercados de capitales y facilitar así las inversiones privadas y el acceso a distintas fuentes de financiación.
Según recordó la Comisión Europa al hacer la propuesta en 2023, solo un 17 % de los activos de los hogares europeos están en productos financieros (en total 5,6 billones de euros), mientras que entre los hogares estadounidenses esa cota asciende al 38,6 %.
Para favorecer que el ahorro europeo se destine a invertir en la economía del continente, Bruselas propuso armonizar el nivel de información, tratamiento y protección para todos los minoristas independientemente del producto en el que inviertan o quien se lo venda, modernizando y simplificando las normas para hacerlas coherentes entre países y sectores.
El paquete tiene dos objetivos: por un lado mejorar la información que recibe el cliente y asegurar que los minoristas obtienen un rendimiento adecuado por su dinero y, por otro, mitigar posibles conflictos de interés o promociones engañosas para generar confianza entre estos inversores.
Para lograr el primero de ellos, las reglas pactadas por los Estados prevén que los distribuidores de productos financiero tengan que evaluar si los costes ligados a un producto financiero son justificados y proporcionados a su rendimiento y otros beneficios, de modo que no se ofrezcan a los clientes productos que no aporten un buen “valor por su dinero”.
La responsabilidad de detectar si hay productos que no cumplen estos requisitos recaerá sobre los supervisores de los mercados financieros nacionales utilizando unos índices de referencia elaborados por la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) y la de Pensiones (EIOPA). Los distribuidores podrán comparar sus productos financieros con otros comercializados en la UE para determinar si ofrecen un buen valor.
En cuanto a los conflictos de interés, los países han rechazado la propuesta de la Comisión Europea de prohibir las comisiones que pagan los minoristas por las ventas de ejecución directa (cuando no hay asesoría previa) y plantean, en su lugar, introducir “salvaguardas” cuando se paguen este tipo de incentivos.
En concreto, proponen que se lleve a cabo un test para asegurar que los asesores tienen que actuar en el mejor interés del cliente y aumentar la transparencia sobre el coste y el impacto en el rendimiento que tiene el pago de estas comisiones.
Y que esto se complemente con una serie de “principios generales” según los cuales las comisiones no deberían incentivar a las firmas a vender unos productos en detrimento de otros, no deberían ser desproporcionadas con respecto al valor ofrecido y, cuando se paguen o acepten entre empresas del mismo grupo, deben ser tratadas como las del resto.
Las normas permiten, no obstante, que los Estados que ya tienen prohibidas este tipo de comisiones mantenga el veto y que aquellos países que lo deseen introduzcan reglas más estrictas. EFECOM
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