El Poder Judicial de la Federación (PJF) en México se prepara para un paro nacional indefinido de sus labores jurisdiccionales a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto de 2024, luego de que la propuesta de suspensión fuera aprobada en una votación.
La consulta, realizada entre juzgadores de dicho poder, arrojó un resultado mayoritario a favor de la medida, registrando 1,202 votos por el “sí” frente a 201 votos por el “no”.
Tras la votación, la suspensión de las actividades jurisdiccionales se llevará a cabo en todos los Juzgados y Tribunales Federales del país, quedando activos únicamente para la atención de casos urgentes. La suspensión se mantendrá hasta que se cumplan las peticiones de los trabajadores y juzgadores, según lo anunciado por Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
Las votaciones se llevaron a cabo de manera electrónica, mediante un enlace enviado a los correos institucionales de cada titular, dirigiéndolos al sistema “Microsoft Forms” para garantizar el voto personal, libre y secreto. Con estas acciones se pide mantener la autonomía del Poder Judicial.
En el contexto de estas decisiones, se han registrado protestas y paros de labores por parte de los trabajadores del PJF en más de 20 entidades del país.
En el primer minuto del lunes 19 de agosto trabajadores del PJF iniciaron un paro indefinido en protesta contra la presentación de la reforma judicial propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Alrededor de cincuenta trabajadores en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro mostraron pancartas con mensajes como “Juzgar no es un asunto de popularidad, basta de mentiras” y utilizaron cadenas y candados en la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En días previos, las ocho secciones del Sindicato de Trabajadores del PJF habían acordado un movimiento de suspensión de labores, a la espera del contenido definitivo del dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la publicación del nuevo dictamen precipitó la decisión de un grupo de trabajadores de iniciar el paro.
En medio de estas acciones, la ministra Patricia Aguilar, portavoz de Jufed, ha declarado que la reforma propuesta por el presidente López Obrador “borra de un plumazo” los esfuerzos de los trabajadores del poder judicial. Aguilar sostiene que la reforma busca someter al PJF y erosiona su independencia, elemento crucial como contrapeso entre los poderes de la unión y garante de los derechos de los ciudadanos mexicanos.
Los cambios a la reforma
El dictamen de reforma al Poder Judicial mexicano, que será discutido y votado próximamente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, incluye profundas modificaciones encaminadas a transformar el proceso de nombramiento y selección ciudadana de ministros, magistrados y jueces en todos los niveles del país.
Este dictamen, que se presenta tras diálogos nacionales y más de 100 cambios a la iniciativa original del presidente López Obrador del 5 de febrero pasado, apunta a una serie de modificaciones clave en el Artículo 17 de la Constitución.
Entre ellas, se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
Además, el Senado perderá su facultad de nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, limitándose a tomar protesta y gestionar solicitudes de licencia o renuncia. La administración del Poder Judicial será manejada por un órgano especializado, mientras que la disciplina corresponderá al recién creado Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía.
La reforma también reduce el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, establece que sus sesiones serán públicas y determina la renovación rotativa de la presidencia cada dos años mediante votación.
La remuneración de los integrantes del Poder Judicial no podrá superar la establecida para el Presidente de la República y se prohíben la creación y operación de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos.
Uno de los cambios más significativos es la reducción del periodo de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años, eliminando su derecho a haber por retiro. Los Magistrados del Tribunal Electoral durarán en su encargo seis años, mientras que los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito permanecerán nueve años, con posibilidad de reelección consecutiva.
La propuesta de reforma también contempla que cualquier persona o autoridad pueda denunciar hechos de responsabilidad administrativa o penal cometidos por servidores públicos del Poder Judicial, incluyendo ministros, magistrados y jueces, ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
En cuanto al proceso de elección ciudadana, se suprime el requisito de tener al menos 35 años cumplidos para ser ministro, magistrado o juez. Los candidatos deberán tener un título de licenciado en derecho con un promedio general mínimo de 8.0 y 9.0 en materias relacionadas con el cargo, además de al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la actividad jurídica.
El proceso de elección será coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que organizará las elecciones, realizará los cómputos, publicará los resultados y entregará constancias de mayoría. Las campañas tendrán una duración de 60 días y se prohibirá el financiamiento público o privado de las mismas, así como la contratación de espacios en medios de comunicación para promocionar candidaturas. Los partidos políticos y servidores públicos no podrán hacer proselitismo a favor o en contra de ningún candidato.
Para la primera elección de este tipo se abrirá un Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, y los electos tomarán protesta ante el Senado el 1 de septiembre de 2025.
