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En una reciente declaración, Luis Carlos Reyes director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), refutó las acusaciones que señalan a la entidad de haber inflado de forma anticipada las expectativas sobre el recaudo por concepto de arbitraje de litigios.
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A través de su cuenta en X, Reyes respondió a las críticas de diversos economistas, entre ellos Andrés Zambrano, que apuntaban hacia un potencial déficit en las finanzas del gobierno debido a una sobreestimación de estos ingresos. Según Reyes, la Dian “nunca aseguró que los recursos provenientes del arbitraje de litigios fueran seguros”, enfatizando que siempre se ha comunicado la necesidad de “modificaciones de ley” para viabilizar este recaudo.
La polémica surge a la luz de las discrepancias entre las proyecciones incluidas en el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y las estimaciones más recientes de la Dian. Mientras que el ministerio había contemplado una cifra de 10 billones de pesos como ingreso por esta vía para el presente año, las estimaciones actualizadas de la Dian sugieren una expectativa de recaudo que oscila entre 1,82 billones de pesos y 3,28 billones de pesos. Esta discrepancia ha levantado preocupación sobre la viabilidad de cumplir con la meta propuesta y sobre las implicaciones que esto tendría para las finanzas públicas del país.
En este contexto, Zambrano, quien fue parte del equipo económico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), criticó la decisión del Ministerio de Hacienda de incorporar este tipo de ingresos en el plan financiero, argumentando que son “muy inciertos” y “no recurrentes”.
“La Dian anunció que no cumplirá con esa meta que sobrevendió. La solución del Gobierno: culpar a la regla fiscal y anunciar su modificación”, expresó Zambrano, sugiriendo que esta situación ha tenido ya un impacto negativo sobre la economía del país, evidenciado en el aumento de la tasa de interés de la deuda colombiana.
Por otra parte, el Carf había advertido previamente acerca de la imprudencia de contar con un ingreso por 10 billones de pesos de arbitraje de litigios como parte del Plan Financiero para 2024, calificándolo de ingreso no estructural y sugiriendo que no debería ser programado para financiar gasto estructural. Esta perspectiva refuerza las dudas sobre la estrategia financiera del Ministerio de Hacienda y sobre su viabilidad a medio y largo plazo.
En un esfuerzo por clarificar su posición y la de la Dian, Reyes destacó en su intervención en redes sociales que las advertencias sobre la necesidad de cambios legislativos “no son nuevas” y que incluso fueron consignadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023.
“¿A qué ‘sobreventa’ se refiere? ¿En qué momento la Dian le aseguró algo a usted, a Carf o a alguien sobre ese trámite legislativo?”, cuestionó Reyes, buscando distanciar a la entidad de las acusaciones de haber prometido ingresos por litigios que aún no están asegurados.
En su respuesta, Reyes añadió que: “Dice que la Dian “sobrevendió” meta de recaudo por arbitraje de litigios. Por favor diga en qué momento la DIAN le aseguró a la Carf o a alguien que esos ingresos podían considerarse como ciertos sin un trámite legislativo adicional.
Para finalizar su respuesta Reyes cuestionó el que no se esté diferenciando entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. “Me preocupa su lentitud entendiendo la separación entre el ejecutivo y el legislativo”, fueron las palabras del director.
Qué dicen los analistas
En el contexto económico actual, donde emergen críticas alrededor del Plan Financiero del Gobierno, destacados analistas han urgido a realizar modificaciones sustanciales. Entre las voces más prominentes se encuentran la del exdirector de la Dian, Lisandro Junco, quien recalca la necesidad de una revisión inmediata ante la presencia de $7 billones cuyos destinos aún parecen inciertos dentro del mencionado plan. Junco señala directamente a la diferencia en los cálculos de ingresos, sugiriendo que estos fueron “inflados” y comprometen la integridad del plan financiero nacional.
Por otro lado, Andrés Zambrano, cuestiona la inclusión de lo que denomina “ingresos inciertos” dentro de las proyecciones financieras, argumentando que estos no deberían formar parte de la base estructural del plan. “Esos eran ingresos inciertos que no debían considerarse estructurales para el Plan Financiero”, afirma Zambrano, quien sostiene que esta incorporación indebida afecta el cumplimiento de la regla fiscal del país.
