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OAS ‘autorizó’ millonarios pagos a Susana Villarán: “Para la empresa era importante que no se dé la revocatoria”

Susana Villarán (ANDINA)
La Fiscalía le imputa a Villarán de la Puente la presunta comisión de lavado de activos. (ANDINA)

Leo Pinheiro, extitular de la constructora OAS, admitió el desembolso de cuantiosos pagos a favor de Susana Villarán. La ex alcaldesa de Lima es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo, asociación ilícita y falsedad genérica.

El abogado del exdirectivo, Fernando Silva, señaló que su patrocinado “es un delator premiado en la justicia brasileña, con una sentencia homologada”, es decir, actualmente figura como un colaborador eficaz para el Ministerio Público en el Perú.

“Él ha salido de prisión y goza de un beneficio penitenciario: está en su casa. Lo condenaron por catorce años en el Brasil, pero me parece que le cambiaron a tres o cuatro años”, señaló a RPP.

De acuerdo a su explicación, Pinheiro no entregó el dinero y tampoco “sabe cómo se distribuyó”, sin embargo, “como jefe de la empresa lo autoriza”. Según el empresario sentenciado, se derivaron 7 millones de dólares a favor de la gestión de Villarán de la Puente.

Leo Pinheiro (GEC)
Leo Pinheiro se encuentra en libertad en su condición de delator premiado en el Brasil. (GEC)

“Se entiende que la cabeza de la institución en ese tiempo era Susana Villarán. Pinheiro no lo entrega [el dinero] (…) son otras personas quienes hacen las entregas. Estos exfuncionarios son los que realizan la entrega de ese dinero”, agregó.

Además, detalló que “en ese momento era muy importante, desde el punto de vista de la constructora, el continuar trabajando y que no se dé la revocatoria para seguir trabajando con la alcaldesa Villarán”. Otro de los motivos, precisó, era el refinanciamiento de una deuda que tenía la Municipalidad de Lima con la empresa”.

El letrado realizó dichas afirmaciones tras el inicio, el último lunes ocho de mayo, de las audiencias de control de acusación contra la exburgomaestre. De acuerdo con la tesis fiscal, esta lideró una red delincuencial al interior del municipio hasta el 2015.

“(Leo Pinheiro) ha reconocido pagos ilícitos para la adenda 1 (de la Línea Amarilla), pagos ilícitos para el trato directo y aportes de campaña para la no revocatoria. Estamos hablando del año 2013-2014. Los beneficiarios son, evidentemente, Susana Villarán y José Castro, los directivos de la Municipalidad (de Lima) en ese momento”, sostuvo el letrado.

José Domingo Pérez
El fiscal del caso, José Domingo Pérez, se ausentó en la audiencia del lunes ocho debido a unas diligencias pendientes con el exdignatario Alejandro Toledo. (ANDINA)

Línea Amarilla

Silva también se refirió a la adenda 1 de la Línea Amarilla en la exgestión de Susana Villarán. También al medio citado, manifestó que Pinheiro otorgó “coimas” a la imputada para obtener la “extensión del plazo [de una deuda] y la subida del peaje, así como el movimiento de un dinero de fideicomiso para otra obra, de acuerdo a la acusación fiscal”.

“En la Línea Amarilla hay dos momentos: la adenda y la renegociación de una deuda existente. [En relación al primero] era para una extensión y unos cambios en el contrato que tenía ya la municipalidad —que venía de la época de Castañeda con Susana Villarán, para cambiar el nombre y reformular el destino del dinero del fideicomiso”, puntualizó.

Susana Villarán (GLR)
Para Villarán de la Puente se solicitan 29 años de cárcel. (GLR)

No solo Villarán es investigada por el Equipo Especial Lava Jato, en las diligencias lideradas por el fiscal José Domingo Pérez, sino también José Miguel Castro como gerente de la Municipalidad de Lima y la exregidora Marisa Glave. Esta última enfrenta cargos por la presunta comisión de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita para delinquir vinculados a las campañas de Villarán.

La exalcaldesa no solo es acusada de recibir presuntas coimas de OAS, sino también de las constructoras Odebrecht y la empresa peruana Graña y Montero. Por ello, la Fiscalía ha solicitado 29 años de prisión.

“Se dispuso favorecer a estas empresas con la finalidad de que la líder de esta organización [Susana Villarán] se mantenga en el poder obteniendo activos ilícitos (…) para ello se realizaron una serie de delitos, entre ellos, ocultamiento de dinero, falsa declaración ante la ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales] y el JNE [Jurado Nacional de Elecciones]”, apunta la institución.

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